Cuatro detenidos en San Sebastián por estragos y apoyo a bandas armadas
Cuatro jóvenes donostiarras, presuntamente implicados en la campaña de quema de vehículos franceses y en los disturbios que se reproducen esporádicamente estos días en el País Vasco, fueron detenidos ayer en San Sebastián, acusados de estragos y de apoyo a las bandas armadas. El número de vehículos incendiados en el País Vasco y Navarra, en las últimas dos semanas, supera la cifra de 40, tras la quema en las últimas jornadas de otros cuatro turismos, uno de ellos propiedad de una militante de Herri Batasuna de Pamplona.Los detenidos, Javier Garnika, Fernando Gaztelu, Jesús Herrada e Iñasio Olaskuaga, permanecían ayer sometidos a la legislación antiterrorista, y en medios policiales se consideraba inminente su puesta a disposición de la Audiencia Nacional. Estas detenciones constituyen, por otra parte, los primeros resultados del dispositivo policial establecido para la protección de los vehículos de matrícula francesa que se detienen en Guipúzcoa.
Los disturbios y la destrucción de turismos y transportes públicos han generado en la opinión pública donostiarra un clima de malestar ciudadano que se manifiesta contundentemente estos días en las cartas de los lectores a los medios informativos locales. Ramón Labayen, alcalde de San Sebastián y presidente de la compañía de los autobuses urbanos, planteó ayer al consejo de administración de esta empresa municipal la suspensión de la línea que cubre el trayecto San Sebastián-Rentería, para preservar a la flota de autobuses urbanos de las acciones de los piquetes de manifestantes que protestan así por la entrega a España de exiliados presuntamente vinculados a ETA. Su propuesta fue rechazada ayer por el consejo de administración de la compañía.
En las últimas dos semanas la compañía de autobuses urbanos de San Sebastián ha sufrido pérdidas de 15 millones de pesetas con la quema de tres autobuses y con los desperfectos ocasionados a varias decenas más, utilizados como barricadas en los recientes incidentes. Las pérdidas materiales son sufragadas en última instancia por el Ministerio de Hacienda, una vez que el Gobierno Civil de la provincia certifica como "hechos político-sociales los ataques a los autobuses".
También el concejal de HB en Pamplona Iñaki Deorlegui, cuyo coche fue destruido días atrás, ha solicitado al Gobierno de Navarra una indemnización.
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