El ejecutivo vasco dice que sus gestiones las conocía el Gobierno central

El Gobierno vasco afirmó ayer que "ninguna de las gestiones realizadas en materia de terrorismo ( ... ) en los últimos meses ha sido hecha sin el conocimiento del Gobierno central" al que ha pedido que aclare a la opinión pública, sin ambajes, si cree que la política exclusivamente policial va a acabar definitivamente con ETA, qué plazo necesita, para ello y qué coste está dispuesto a asumir. El gabinete de José Antonio Ardanza se atendrá a la respuesta para restablecer su actitud futura ante este problema.Una declaración oficial leída a media tarde por el portavoz, Eugenio Ibarzabal, en el palacio de Ajuria Enea -sede de la Presidencia en Vitoria- califica de inadmisible la actitud del presidente del Gobierno central, Felipe González, y afirma que el Ejecutivo autónomo "no ha excluido, ni excluye, ni excluirá jamás la vía del diálogo y la negociación".

El Gobierno vasco reivindica su lealtad hacia el central, y lamenta no haber recibido el mismo trato.

Según la declaración, lo único que planteó el gabinete de Vitoria fue la utilidad de un contacto con ETA. Respecto a Txomin Iturbe, presunto dirigente terrorista actualmente deportado en Gabón, la declaración mantiene que sólo se manifestó "a quien se consideraba oportuno que su deportación en estos momentos podía cerrar el camino del diálogo". Sin que se pudieran ofrecer garantías de éxito, añade, "parece evidente pensar que un retraso en la decisión de deportación de Iturbe no comportaba perjuicios tan evidentes como para no considerar las posibilidades de solución que algunas informaciones -que tanto el Gobierno vasco como el central poseían- hacían suponer".

Para el Gobierno de Vitoria, la pregunta que Felipe González planteó el martes sobre las concesiones que se estaría dispuesto a hacer a ETA "no puede tener respuesta y es por eso, tal vez, por lo que se hace". No puede haber, según la declaración, actitud más frívola que concretar de antemano las contrapartidas aceptables para una de las partes. El Gobierno vasco considera por ello "inadmisible" e "incomprensible" la actitud del Gobierno central.

El Ejecutivo de Vitoria recuerda que siempre ha excluido la negociación política con ETA pero jamás la vía del diálogo y la negociación, en la que está dispuesto a aceptar "todo aquello que no transgreda el estatuto y la Constitución ni suponga imposición alguna por parte de nadie sobre lo que sienten, deciden y voten en las urnas la mayoría de los ciudadanos de este país". Tampoco se opone a las medidas policiales que resulten necesarias en el marco democrático. Unas y otras no se contradicen sino que deben formar parte de una estrategia global en la que siempre está dispuesto a colaborar, según el Ejecutivo vasco.

El Gobierno de Vitoria cree, por otra parte, que esta actitud fue refrendada por la comisión internacional de expertos que elaboró un informe sobre la violencia en Euskadi y que, afirma, no recibió ninguna crítica oficial del Gobierno que preside Felipe González.

La declaración recuerda que ya hubo extradiciones de presuntos activistas de ETA desde Bélgica, y Francia hace dos años y que las voces que se alzaron contra esta medida fueron descalificadas, y considera incomprensible, a la vista de los resultados obtenidos y de la persistencia del fenómeno terrorista, que el Gobierno central puieda reiterar ahora sus declaraciones de entonces.