El ataque de la contribución

LOS CIUDADANOS de Madrid gozan este año de 1986 de un nuevo privilegio. El que corresponde a los adelantados en el pago de la contribución urbana. El pasado jueves finalizó el período de pago voluntario de este tributo, que las autoridades, no contentas con aumentarlo, intentaron recaudarlo cinco meses antes de lo que venía siendo habitual, y que las presiones ciudadanas consiguieron aplazar dos meses los efectos de la voracidad recaudatoria municipal.La fijación y recaudación de tributos y la entera financiación de las haciendas locales conforman uno de los grandes temas pendientes de la organización del Estado, que se ha visto agravado en los últimos años por el crecimiento de los problemas y déficit urbanos, el reiterado olvido de la Administración central e incluso las alegrías en el gasto de no pocos consistorios.

En todo ello están en juego cuestiones importantes por el sencillo hecho de que afectan a la vida de cada día: por una parte, la creciente presión de la fiscalidad local, y por la otra, la propia calidad de vida de quienes viven en ciudades, que hoy día son la mayoría de los españoles. Varios conflictos y algunas sentencias judiciales ponen además en primer plano la necesidad de un replanteamiento, modernización y ordenación de todo este vasto y complejo territorio administrativo, so peligro de que el ciudadano caiga en la indigencia al atravesar este mato grosso fiscal.

Una sentencia de la Audiencia de La Coruña, por ejemplo, negaba que las cámaras oficiales de la propiedad urbana, que recogen el 2% de los tributos locales, tuvieran capacidad legal para exigir ese pago considerado obligatorio y que es objeto de recargos si no se atiende.

Y más significativo aún es el caso del incremento de la contribución urbana por parte de varios ayuntamientos, que presenta aspectos de dudosa constitucionalidad.

Cuando el presidente del Gobierno regional madrileño, Joaquín Leguina, anunció la suspensión de un recargo del 3% en el impuesto sobre la renta de las personas fisícas, en 1985, el Ayuntamiento de Madrid ya había renunciado a cobrar las tasas de alcantarillado y basuras, lo que suponía para la hacienda municipal un desequilibrio de 7.200 millones de pesetas, cantidad que se comprometió a resarcir la comunidad autónoma. El Ayuntamiento de Madrid, que mantiene la eliminación de las tasas de alcantarillado y basuras, ha encontrado en el impuesto de la contribución urbana una forma de paliar este déficit creado en las arcas municipales. A la subida del valor catastral, aprobada por las Cortes dentro de la ley de Presupuestos para este año, el Ayuntamiento de Madrid ha sumado un incremento del tipo impositivo, lo que en términos generales supone un aumento del 43%.

Pero subyace en el fondo de toda esta polémica la constitucionalidad de una ley que, como la de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales, dejaba en manos de los ayuntamientos la fijación de los tipos impositivos de la contribución territorial urbana. Hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre este conflicto, es conveniente recordar una anterior sentencia sobre la mencionada ley por la cual se declararon inconstitucionales dos de sus artículos. Artículos en los que se permitía a los ayuntamientos tanto establecer un recargo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como decidir sobre el tipo del gravamen. Mal precedente, pues, a primera vista, para la fórmula de recaudación utilizada por varios municipios en la contribución urbana, y, consecuentemente, los ayuntamientos deberán reembolsar a los ciudadanos las cantidades cobradas por la probable elevación inconstitucional de los tipos impositivos. Mientras tanto, muchos ciudadarios todavía están esperando que les sean devueltas las cantidades cobradas por los recargos inconstitucioriales del impuesto sobre la renta de las personas fisicas, establecidos por algunos ayuntamientos.

Por tanto, este cuadro de situación, del que sólo se perciben claros síntomas de voracidad recaudatoria y alegre incontinencia del gasto público, no es precisamente el más apropiado para generar una conciencia fiscal democrática.