Un juez acusado de escándalo público pide 80 millones a un periódico de Orense
El ex presidente de la Audiencia Provincíal de Álava, Manuel Domínguez Viguera, ha reclamado una indemnización de 80 millones de pesetas, por presunta intromisión iegítima en el derecho al honor y a la intimidad familiar, al diario La Región, de Orense, por los daños que, según él, le ocasionó el periódico al publicar que había sido denunciado por un supuesto delito de escándalo público. La demanda civil presentada por Domínguez Viguera se vio ayer en el Juzgado de Instrucción número 1 de Orense.Domínguez Viguera, que en la actualidad es presidente de la Audiencia Provincial de Palencia, exigió ante los tribunales el ejercicio del derecho de rectificación, que le fue concedido pese a que el periódico orensano había publicado varias cartas en las que Viguera exponía su versión de los hechos. Cumplido el derecho de rectificación, inició un procedimiento de carácter civil en el que exige a La Región la indemnización de 80 millones por daños a su imagen.
En el juicio celebrado ayer, Javier Perea Rodríguez, abogado de Domínguez Viguera, mantuvo que la información de La Región había supuesto una intromisión ilegítima en el honor y la intimidad familiar, que es un derecho recogido en la Constitución, y aseguró que el periódico aportó datos de índole familiar, algunos de ellos inexactos, según el letrado.
Por su parte, el abogado de La Región, Emilio Atrio Abad, calificó la demanda de "extraña", ya que el periódico se limitó a reproducir informaciones aparecidas en Deia, EL PAÍS y Diario 16, y aseguró que la precisión sobre las vinculaciones familiares a Orense de Domínguez Viguera -y, en concreto, su parentesco con la entonces senadora de AP, Carmen Lovelle Alen- querían situar al personaje en cuestión ante los lectores de la provincia. Atrio Abad dijo que el derecho al honor y la intimidad se recoge en la Constitución en el mismo plano que el derecho a dar y recibir información veraz, aseguró que el primero era un derecho individual y el segundo un derecho social, y negó que éste estuviera supeditado a aquél.
En todo caso, mantuvo el letrado de La Región, es el juzgador el que debe establecer los límites de uno y otro derecho cuando entran en conflicto. En este caso concreto, matizó Atrio Abad, "La Región se ha visto involucrada en un procedimiento en el que, sin base legal ni moral alguna, se le exige una indemnización de 80 millones". Finalmente, el abogado solicitó que el tribunal se declarase incompetente o que absolviera al periódico y obligara al demandante al pago de las costas.
En los primeros días de este año, el juzgado de guardia de Vitoria abrió diligencias contra Manuel Domínguez Viguera, entonces presidente de la Audiencia Provincial de Álava, después de que tres vecinas de esta capital denunciaran al magistrado juez como exhibicionista. Domínguez Viguera negó los hechos que se 'le imputaban y presentó una denuncia contra el diario Deia, que había adelantado la información, y contra la policía municipal de Vitoria, que había trasladado la denuncía de las vecinas al juzgado de guardía. El día 12 de enero, un juez de Primera Instancia de Vitoria decretó el sobreseimiento y el archivo de las denuncias contra Domínguez Viguera.
