El induIto

NO SERÍA serio considerar el indulto de los dos terroristas shiíes detenidos en España, Mustafá Jalil y Mohamed Rahal, y su retorno a Beirut, como la simple conclusión de un incidente desagradable, casi de un asunto de familia, si bien la familia de Rahal, con una influencia considerable en la comunidad shií de Beirut, ha estado muy presente en las gestiones que han llevado al feliz desenlace. Problemas serios de política del Estado se hallan involucrados en esta decisión de indulto, y una vez más el Gobierno se ha olvidado de su deber de dar explicaciones a la opinión pública.Cuando en febrero de este año el subsecretario del Interior, Rafael Vera, acompañado por un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, hizo un viaje a Beirut para negociar la puesta en libertad del geo Pedro Antonio Sánchez y de dos empleados libaneses de la Embajada española en Beirut -que habían sido secuestrados un mes antes por una milicia shií más o menos ligada a Amal- y obtuvo un resultado rápido y positivo en esa negociación, preguntamos en estas mismas columnas qué compromisos habían sido contraídos por el Gobierno a cambio de la puesta en libertad del policía español y de los empleados libaneses. La opinión generalizada era que el Gobierno se había comprometido a poner en libertad, en un plazo más o menos dilatado, a los dos shiíes Jalil y Rahal, que se hallaban encerrados en Alcalá-Meco, condenados a 23 años de cárcel por un intento de asesinato contra un funcionario de la Embajada libia en Madrid. Esa liberación había sido exigida reiteradamente por los shiíes en Beirut, y por tanto no hacían falta razonamientos muy complejos para llegar a esa conclusión. Con sorpresa para muchos, Rafael Vera reiteró en varias ocasiones, en Beirut y en Madrid, que el Gobierno no había ofrecido ninguna contrapartida por la liberación de los secuestrados. Un periodista le comentó, en la capital libanesa, que entonces había realizado un milagro, pues ni franceses, ni ingleses, ni norteamericanos, ni nadie había logrado algo así. Hubo desafortunadas declaraciones en ese mismo sentido por parte del ministro de Justicia.

Ahora las cartas están sobre la mesa. El Gobierno español ha cumplido el compromiso contraído durante el viaje del subsecretario del Interior, que es obvio que mintió abiertamente en sus declaraciones. Ahora esas mentiras que se creyó con derecho a decir a la Prensa se vuelven contra él. ¿Acaso pretendía el enviado de Barrionuevo salvar la cara? Tenía que saber que el efecto sería muy momentáneo y que los intentos de esconder la verdad en febrero no harían sino poner de relieve ahora, en julio, la mala conciencia del Gobierno. Para éste, la dificultad de fondo es escoger entre dos principios encontrados: no ceder nunca ante el chantaje terrorista; hacer todo para salvar vidas amenazadas. La posición proclamada por el Gobierno es la primera. Pero en este caso ha actuado de acuerdo con el segundo principio.

En un editorial en estas columnas el 21 de febrero -y dando ya por hecho que el compromiso asumido era precisamente el de la liberación de los dos shíies encarcelados en España- preguntábamos si se trataba de un cambio de política o de oportunismo. La pregunta sigue en pie. Es más, resulta difícil sustraerse a la sensación de que en el caso de los dos shiíes recientemente liberados un factor importante ha sido que el principal secuestrado en Beirut era un miembro de los grupos especiales de la policía. Por otra parte, nunca se ha explicado por qué, abandonando sus funciones normales, debía encabezar el subsecretario del Interior una misión diplomática para discutir este tema en Beirut. Si mañana resultase secuestrado un ingeniero en el extranjero, ¿sería lógico que el ministro o subsecretario de Industria tuviesen que encargarse de las gestiones diplomáticas al respecto? En resumen, en todo este asunto el Ministerio del Interior ha dado la sensación molesta de que quería asumir un protagonismo que desborda sus competencias.

El último episodio ha sido la retención durante dos días de los shiíes indultados en la zona internacional del aeropuerto de Barajas, por carencias en su documentación. Es difícil pensar que ha sido simplemente una chapuza más de los servicios del Interior; en los casos de este tipo, una precaución elemental es tener todas las cosas a punto y efectuar la salida con la mayor rapidez. La única explicación lógica es suponer que han surgido discrepancias de última hora entre departamentos oficiales ante un caso en el que, de una u otra manera, el marco legal ha sido sometido a una máxima flexibilización. Sobre todo había prisa: un asunto tan feo debía quedar apuntado en los libros del Gobierno que muere, para que el nuevo empiece a escribir en un papel blanco.