Las penurias de los perdedores

El Estado decidió, en noviembre de 1984, reconocer, mediante pensiones, los derechos de los españoles que hoy hace 50 años comenzaron a luchar en defensa de la República. La ley establece diferencias fundamentales que favorecen a aquellos que ingresaron en el Ejército republicano antes del 18 de julio de 1936, a los que considera profesionales de las Fuerzas Armadas. Ochenta mil reenganchados después del alzamiento militar presentaron solicitud para cobrar la pensión mínima (unas 30.190 pesetas) durante los tres primeros meses de 1985.

Para conseguirlo comenzaron lo que los militares definen como el calvario de las justificaciones": revisar en hemerotecas o buscar justificaciones de sentencias de tribunales franquista. Perdieron los papeles que ahora les exigen. "No íbamos a conservar algo que nos podía hacer perder más de lo se fue con la guerra", dice un anciano de 74 años.La mitad de estas peticiones fueron rechazadas. Los otros tuvieron que atravesar de nuevo el papeleo, esta vez frente a las delegaciones de Hacienda, donde debían justificar que sus ingresos anuales eran inferiores a 990.000 pesetas y que no recibían otra pensión estatal.

La larga espera

"Y es que había que comer entre tanto", explica Manuel Santamarina, excombatiente republicano, que explica que su única traba para cobrar la pensión es que le ha ido bien en la vida. "Ya que hemos tenido que: esperar 48 años nos podían haber reconocido mejor", añade.El abogado Luis Roldán, representante de la Asociación de Aviadores de la República (ADAR), logró que el Tribunal Constitucional admitiera hace unas semanas a trámite recursos para declarar anticonstitucional la ley que "establece tantas diferencias entre un militar republicano que ingresó el 17 de julio de 1936 y otro que lo hizo dos días más tarde".

Los militares republicanos se quejan, además, de que, a diferencia de los que ingresaron en filas antes del levantamiento contra la República, no pueden utilizar el uniforme, "excepto en actos expresamente convocados", tal y como indica la ley. Entre ellos han creado organizaciones para encontrarse y recordar, como explica Miguel Ayuga, tesorero de los antiguos miembros carabineros.

"Además", añade, "entre todos echamos una mano a los que pasan penurias y no tienen pensión. No hay que perder el espíritu cívico que intentamos defender entonces", explica un antiguo carabinero de 70 años.

Donde existe acuerdo entre los aspirantes a pensionistas y la Administración es en que "cada día mueren un montón de los solicitantes". "Ya hay infinidad de compañeros que se han muerto esperando la pensión. Con las muerte comienza otra vez el calvario para la viuda, nuevas justificaciones, papeles. Vuelta a empezar", afirma Ayuga.

Los carabineros

Los carabineros, unos 8.000 en total, se encuentran en la misma situación. "Nosotros somos aquellos que defendimos con uniformidad y disciplina, y dando la cara, el Gobierno legítimo", explica Antonio Beltrán, que fue teniente con 17 años. "Al conocer la ley nos sentimos decepcionados".Los pocos militares republicanos que quedan se rebelan contra esta ley que les prohíbe cobrar una pensión mensual de unas 36.000 pesetas. La larga marcha de la justificación de su participación en las filas republicanas ha costado varios disgustos.

Las únicas pruebas se remiten a La Gaceta de la República, al Boletín de la Institución de Carabineros y a los boletines de la Generalitat catalana o del Ministerio de Defensa. Frecuentemente se dan casos de personas que encuentran su nombramiento en cualquiera de estos históricos papeles, pero les han cambiado una letra o el apellido.

Así, un Juan Manuel Albares Martínez, que fue transcrito hace cincuenta años y por un error de imprenta como Juan Manuel Álvarez Martínez, ha tenido que adjuntar una declaración jurada de sus compañeros asegurando que, en efecto, había luchado a su lado, según explica José María Vidal, encargado del departamento de clases pasivas dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda.

La picaresca contra la ley

El representante de la Administración, que se ha visto obligado un par de veces a llamar a la Policía para disolver las protestas de ex combatientes frente a su oficina, explica que muchos se sirven de la picaresca para cobrar la pensión, que hay cuñadas que se hacen pasar por viudas y gemelos que tienen el mismo nombre.Unas 50 personas trabajan en la oficina de la Administración que centraliza las solicitudes. Algunos la han cursado desde los lugares dónde residen: Francia, México, Venezuela, Argentina, EE.UU, Australia e, incluso, algunos países del Este.

La avalancha de solicitudes, según explica José María Vidal, les obligó a contratar nuevo personal para agilizar las concesiones.

"Al final lo que exigimos", explica Beltrán, excombatiente republicano, "es que nos reconozcan como militares de pleno derecho. Nosotros somos respetuosos con la Monarquía que defiende la democracia y estaríamos orgullosos de pertenecer a las Fuerzas Armadas". "Si hay que defender la Constitución ahí estaremos nosotros".