España y Portugal empiezan hoy a discutir la modificación del reglamento que rige sus intercambios comerciales

España y Portugal empiezan hoy a discutir en Bruselas una modificación favorable a la industria lusa del reglamento que rige sus intercambios comerciales desde que ambos países ingresaron en la Comunidad Europea (CE). La discusión a nivel de expertos, que tendrá lugar en el marco del Comité de Cuestiones Económicas-Unión Aduanera, será, en principio, reanudado, la semana próxima por los embajadores de los doce ante la CE y, finalmente, los ministros comunitarios aprobarían el compromiso el jueves, por mayoría cualificada, en su último Consejo antes del verano. Los fabricantes españoles de bienes de equipo ya han mostrado su preocupación por el cambio de las reglas de origen respecto a los productos importados de Portugal.

La delegación española intentará, sin embargo, según fuentes bien informadas, hacer todo lo posible para que el nuevo reglamento propuesto por la Comisión Europea no sea adoptado antes de que se termine el verano y poder prorrogar así la vigencia del actual, que expira, en teoría, el 1 de octubre y favorece claramente a la industria nacional.Tres meses después de su incorporación a la Comunidad, los Gobiernos de Madrid y Lisboa acordaron concederse mutuamente durante los siete años del período de transición, el mismo régimen tarifario para los intercambios de productos no agrícolas del que disfrutan las exportaciones de los diez a los dos nuevos países miembros.

En la práctica, los productos made in Spain accedían al mercado luso sin abonar derechos, mientras los portugueses sí eran sometidos a este requisito, al entrar en España, aunque las tarifas aduaneras españolas iban a ser paulatinamente desmanteladas y para algunas mercancías fueron inmediatamente reducidas acero.

Los derechos pagaderos en la frontera hispano-portuguesa eran, por regla general, inferiores a los abonados por las importaciones españolas del resto de la Europa comunitaria, por lo que fue necesario fijar unas reglas de origen que estipulaban que sólo aquellos productos en los que el 60%, o el 70% del valor había. sido añadido en Portugal podían ser considerados como genuinamente portugueses.

Cuando fueron aprobadas en marzo estas reglas de origen, Lisboa ya argumentó que, dado el bajo coste de la mano de obra en su país, le sería difícil alcanzar este elevado porcentaje de valor añadido, y pidió enseguida a la Comisión Europea que pusiese a punto una nueva propuesta limitando la proporción a un 20% a partir de octubre.

Intereses comunitarios

El órgano ejecutivo europeo se hizo ampliamente eco en el borrador de su nueva proposición de las tesis lusas, pero los dos comisarios españoles lograron introducir algunas matizaciones en el texto definiftivo, hasta el punto de que el comisario portugués, Antonio Cardoso e Cunha, acabó votando en contra por considerarlo insuficiente. El texto de esa propuesta sobre las reglas de origen, que a partir de hoy van a negociar los expertos, prevé tres plazos para, entre octubre y el 1 de enero de 1989, reducir el porcentaje de valor añadido portugués para que una mercancía exportada a España pueda ser homologada como made in Portugal. Al término de la tercera etapa oscilará entre el 20% y el 30%, en función del tipo de producto. Los industriales españoles obtendrían, por supuesto, la reciprocidad para sus ventas en el país vecino, pero la exiguidad de su rmercado les incita a mostrarse poco interesados.

Así, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) ha mostrado su preocupación por la modificación de las reglas de origen con Portugal, "que puede significar la entrada en España sin ningún tipo de arancel de una avalancha de productos industriales y, en concreto, bienes de equipo de origen comunitario, e incluso de terceros países, con un mínimo de valor añadido portugués", según afirmó ayer Enrique Kaibel, presidente de Sercobe.

La postura negociadora española se esfuerza, en primer lugar, en aplazar los plazos de entrada en vigor de estas nuevas disposiciones y en conseguir que el porcentaje mínimo de valor añadido se sitúe entre el 40% y el 50%. También desea añadir una claúsula de salvaguardia para poder impedir una invasión del mercado por algún producto fabricado en el país vecino.

Aunque es probable que la delegación española obtenga alguna corrección de la propuesta de la Comisión, parece, sin embargo, seguro que en última instancia se impondrá la versión del Ejecutivo europeo. Además de ser sensibles a los argumentos portugueses, los demás miembros de la CE consideran interesante para su industria la posibilidad de vender en mejores condiciones a España a través de Portugal, donde los productos sufrirán pocas transformaciones antes de ser reexportados.

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