Africa divide a Europa

EL DEBATE internacional sobre África del Sur se está centrando cada vez más sobre el tema de las sanciones económicas. Después de décadas de resoluciones en casi todos los organismos internacionales pronunciando condenas morales contra el apartheid -que han resultado totalmente ineficaces- parece que se entra en una etapa más operativa. Aunque con reticencias, la mayor parte de los Gobiernos europeos han declarado que están dispuestos a la aplicación de sanciones. En cambio, la primera ministra británica Thatcher se atrinchera en una actitud intransigente y se enfrenta con los partidos o Gobiernos partidarios de las sanciones. En el curso de un viaje que acaba de efectuar a Vancouver, Canadá, ha reiterado su argumento de que las sanciones son inmorales y de que la única solución para acabar con la discriminación racial es la negociación con el Gobierno de Pretoria.Sin embargo, los hechos son elocuentes: sin recordar las incontables gestiones negociadoras de la ONU y de los Gobiernos occidentales, que no han dado ningún resultado, el balance de los esfuerzos directos desplegados por la señora Thatcher es nulo. La primera ministra británica viene sosteniendo desde junio de 1984 una correspondencia personal con el presidente Botha para convencerle de que otorgue la igualdad a los negros. ¿Qué ha obtenido? Botha ha intensificado la represión en los últimos tiempos. Los muertos se cuentan por millares. La situación se deteriora. Observadores de diversos países, y de ideología netamente conservadora, como el antiguo primer ministro australiano, Malcolm Fraser, han proclamado con angustia que, si no se obliga al Gobierno de Pretoria a cambiar su política mediante la aplicación de sanciones, existe lana amenaza de que la situación desemboque en un baño de sangre.

Lo que acaba de ocurrir con el viaje a África del Sur del secretario del Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, confirma hasta qué punto está totalmente desfasado el método de la "negociación con Pretoria" que Thatcher preconiza. Botha aplazó la fecha de su entrevista con Howe, con un gesto humillante para el Gobierno británico; Howe tendrá que hacer un segundo viaje para hablar con él. Las personalidades negras de África del Sur, desde el obispo Tutu, premio Nobel de la Paz, hasta Nelson Mandela, en prisión, han dicho que consideraban inútil hablar con el representante de un Gobierno que se niega a aplicar sanciones. En resumen, el viaje de Howe ha sido un fracaso; y ello afecta a la CE, que había aceptado, como una concesión a la posición británica, que Howe hiciese en su nombre un último esfuerzo negociador antes de la adopción de sanciones. Cuando los ministros europeos se reúnan de nuevo deberán sacar la conclusión de ese viaje lamentable.

Pero Thatcher tiene un reto más inmediato: la minicumbre de la Commonwealth británica, convocada en Londres para los días tres a cinco de agosto, y en la cual se va a encontrar completamente aislada. Una advertencia sintomática es la decisión de cinco Estados africanos, Nigeria, Gana, Uganda, Kenia y Tanzania, de no participar en los Juegos de la Commonwealth que tendrán lugar en Edimburgo a finales de este mes, como protesta por la negativa de Londres a aplicar sanciones contra Pretoria. Varios Gobiernos africanos han manifestado que están dispuestos a abandonar la Commonwealth si, en la reunión de agosto, no se adopta la decisión de aplicar sanciones. Al mismo tiempo, los Gobiernos de Australia y Canadá, laborista el primero, conservador el segundo, se han pronunciado por las sanciones, y han expresado su preocupación ante el peligro de desintegración de la Commonwealth, si Thatcher no renuncia a su negativa. El antiguo primer ministro Edward Heath ha expresado su desacuerdo con la actitud de la señora Thatcher.

En esta coyuntura es esencial que, de alguna manera, el mayor número posible de Gobiernos europeos patentice de modo concreto su desacuerdo con la actitud británica. En la reunión de La Haya el tema quedó aplazado y el hecho de que actualmente el Reino Unido ostente la presidencia de la CE dificulta las cosas. Un hecho positivo ha sido la reciente resolución del Parlamento Europeo, pidiendo que se apliquen sanciones sin demoras. Pero, en el plano de los Gobiernos, ¿es aceptable seguir en una actitud de espera? Aunque sea con medidas unilaterales -hasta tanto una decisión colectiva permita acciones de mayor eficacia- es preciso que España, y otros Gobiernos europeos, demuestren con hechos que están dispuestos a aplicar sanciones.