El Gobierno francés discute hoy un proyecto de privatización al que se opone el presidente

El Consejo de Ministros francés discutirá hoy el texto legal por el cual el Gobierno de Jacques Chirac intenta comenzar el proceso efectivo de privatización de 65 empresas, grupos industriales y bancos en manos del Estado, que el presidente François Mitterrand -según anunció públicamente el 14 de julio- no quiere refrendar por considerar que puede lesionar los "intereses nacionales".

Sin embargo, en este primer conflicto abierto entre el socialista Mitterrand y el conservador Chirac parece que la sangre no llegará al río. El diario parisiense Le Monde anunció ayer en su primera página que el jefe del Estado y el primer ministro habían logrado un compromiso el pasado lunes tras una conversación telefónica. Ese mismo día, Mitterrand decía ante las cámaras de la primera cadena de la televisión francesa que, "tal y como está redactado, el decreto ley" no llevaría su firma, requisito que establece -como una, de las atribuciones del jefe del Estado- la Constitución de la V República.

Discusión en el Parlamento

El acuerdo a que parecen haber llegado el presidente y el primer ministro consiste en la inclusión del asunto en el orden del día del pleno ministerial que aquél preside todos los miércoles. Además, el texto legal preparado será discutido por el Parlamento, que es el que "debe asumir sus responsabilidades", en opinión de Mitterrand. Para ello, el jefe del Estado firmará un nuevo decreto ampliando los temas que actualmente discute el Parlamento en sesión extraordinaria.Mitterrand ha dicho que no puede aceptar, mientras exista tal posibilidad, que "bienes nacionales de todos los franceses sean vendidos a un franco por debajo de su precio ni que bienes absolutamente necesarios para nuestra independencia lleguen un día a manos de extranjeros". Es decir, que sus objeciones son estrictamente de orden público, y no ideológico o partidista.

En esto ha consistido la jugada política del presidente francés, pues no ha rechazado las desnacionalizaciones, y sí su procedimiento. Todo ello en nombre del interés nacional. Tal vez por eso la actitud defensiva que tomó el Gobierno para sacar adelante su iniciativa, diciendo que se tenía en cuenta la limitación de la participación extranjera y su venta en términos reales.

El presidente Mitterrand, al hacer su anuncio, ha buscado reforzar su imagen como jefe del Estado, casi por encima del bien y del mal, custodio de los intereses de Francia, en momentos en que las " encuestas de opinión pública no sólo le asignan altos niveles de popularidad, sino que le ponen, aunque sea a cierta distancia, después de Charles de Gaulle, seguido por Georges Pompidoti y Valéry Giscard d'Estaing, como el segundo mejor presidente de la V República desde su fundación, en 1958.

Las privatizaciones de las empresas en manos públicas estaban incluidas en el programa de la coalición electoral que ganó las elecciones legislativas francesas, pero la sorpresa estuvo en que el Gobierno conservador-Iiberal no sólo las aplicó a las nacionalizaciones hechas en los comienzos del primer Gobierno socialista tras la victoria electoral de 1981. La iniciativa de la Administración de Chirac comprende empresas que habían pasado al control del Estado en épocas de De Gaulle.

Decreto-ley

Para poner en marcha este plan, que se aplicará a lo largo de varios años, el actual Gobierno francés recurrió al procedimiento de presentar en el Parlamento un proyecto de ley -el de Habilitación Económica y Social por el cual se le autorizaba a utilizar en este y en otros sectores el decreto-ley.Por el compromiso que aparentemente se ha aIcanzado, el proyecto de privatizaciones cumplirá un trámite parlamentario normal y podrá sufrir modificaciones que lo ajusten al dictamen del Consejo de Estado de este sábado pasado.

También es muy posible que el Gobierno de Jacques Chirac recurra nuevamente al apartado tercero del artículo 49 de la Constitución -tal y como lo hizo con la ley de Habilitación Económica y Social-, por el cual, al poner en juego su responsabilidad frente al Parlamento, sortea los escollos que le pueda poner la oposición.