España gasta el 22% del PIB en protección social, según las primeras estimaciones realizadas con criterios europeos

Las primeras estimaciones realizadas con criterios de la Comunidad Europea (CE) sobre lo que gasta España en protección social ha causado sorpresa incluso entre los autores del estudio. Si se confirman, arrojarían un 22% del producto interior bruto (PIB); es decir, una de cada cuatro o cinco pesetas generadas al año por la actividad económica. Se trata de una porción equivalente a los recursos que destina al mismo fín el Reino Unido, donde fue acuñado el término de estado del bienestar o de los servicios sociales.

El pleno de la comisión interministerial de estadísticas armonizadas de protección social será convocado en las próximas semanas para conocer su primera, evaluación, que se refiere al año 1982 y que ha sido realizada por la Administración en contacto con la oficina europea de estadística, Eurostat. Los resultados del trabajo, en el que faltan por computar al menos un 20% de los gastos sociales (concretamente los efectuados por las comunidades autónomas, corporaciones locales, empresas privadas o, públicas e instituciones privadas sin fines de lucro), van ya por cifras equivalentes al l8% del producto interior bruto.Sorpresa y escepticismo

Las primeras estimaciones realizadas por Estadísticas Integradas de Protección Social de la CE (SESPRO), que una vez concluido el trabajo se aproximarían al 22% del PIB, han provocado sorpresa entre sus propios autores, así como escepticismo entre otras personas que han tenido acceso a las mismas. El último dato, sin homologar que había entregado España a Eurostat se refería al año 1980 y daba un 16,1% del PIB. Igualmente las más recientes evalviaciones quedaban todavía por debajo en 1985, según el Banco de España, las prestaciones sociales realizadas en dinero y en especie por todas las administraciones públicas ascendieron a 4.173.000 millones, el 14,8% del PIB.

Ante las primeras reacciones adversas de los expertos ajenos a la Administración -"debe tratarse de un error, de demagogia mala", ha dicho Antonio Gutiérrez, de CC OO-, los responsables del trabajo han declarado que ellos mismos recomiendan cautela en la utilización del mismo. María Teresa Giráldez Núñez, subdirectora general de Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se ha manifestado "de acuerdo en que no debe ser utilizado para dar una idea triunfalista". A su juicio, primero habrá que analizar con cuidado el destino funcional de los recursos y los colectivos protegidos. Uno de éstos, el más importante después de los pensionistas, es el de los empleados. Es decir: que la protección social puede haber aumentado en algunos casos por efecto de la crisis económica, más que de las medidas en pro del bienestar social.

Para Alfonso Barradas, funcionario del mismo departamento, el hecho de que los gastos españoles se aproximen en porcentaje del PIB a los del Reino Unido carece de importancia, porque este país figura actualmente a la cola entre los de la CE.

Efectivamente, hay cierta relación proporcional entre los gastos que dedica cada país a protección social y el consumo total por habitante, medido en ECU (unidades de cuenta europea). Mientras Grecia, Irlanda, Italia y el Reino Unido aparecen en los últimos lugares por ambos conceptos, Bélgica (31,4% del PIB), Dinamarca (30,3%) y Alemania (29,4%) ocupan los primeros puestos, según los datos de Eurostat para el año al que hace referencia el estudio español, 1982.

Medido en ECU, el consumo español por habitante apenas alcanza las tres quintas partes de la media existente en la Europa de los diez. Sólo en Grecia y en Irlanda era algo inferior, al tiempo que el de Alemania lo duplicaba con creces.

El décimo puesto

Si la comisión interministerial confirma lo del 22% cuando complete su trabajo, España ocupará el décimo puesto dentro de la CE por gastos de protección social. Quedarán por debajo de ella Grecia, que todavía no ha facilitado datos precisos, y Portugal, donde unas estimaciones similares a las españolas arrojan el 14%, nivel también superior al manejado hasta ahora.

En cualquier caso, ningún otro país europeo ha realizado un esfuerzo tan grande en la protección social como España, que al empezar la transición política en 1975 sólo dedicaba un 11,7% del PIB, según estimaciones de Eurostat carentes de homologación con las de la CE, donde por término medio iban ya por el doble. Incluso Portugal estaba entonces en el 11%, también con datos no homologados.

Sin embargo, 1982 marcó para España el punto de inflexión en el avance de los gastos sociales, a juzgar por las últimas estimaciones del Banco de España, que incluyen los recursos dedicados a prestaciones sociales por todas las administraciones públicas con un criterio más restrictivo que el de Eurostat. Frente al 15,1% del PIB en 1982 y 1983, el banco emisor ha estimado un descenso hasta el 14,3% en 1984 y otro posterior hasta el 14,8% en 1985, cuando tales gastos alcanzaron los 4.173.000 millones de pesetas, algo más de un tercio de lo gastado por todas las administraciones públicas (11.442.000 millones de pesetas).

Pese a este descenso relativo en los dos últimos años, las pensiones y la protección al paro, capítulos espoleados por la crisis económica, sobre todo el segundo, han seguido ganando participación. Todavía en 1985, a mitad del cual entró en vigor la ley de reforma de las pensiones, que frenará a medio plazo la expansión de los recursos destinados a las mismas, su incremento del gasto fue del 14,3% pese a que la revisión media quedó en el 7%. Los pagos por desempleo crecieron en el mismo ejercicio el 30%. Por el contrario, las prestaciones sanitarias sólo aumentaron el 1.2%, los pagos por invalidez provisional permanecieron estancados, los de incapacidad laboral se redujeron un 12% y los gastos de protección a la familia cayeron un 21%.