Quién decide en Europa

EL ACUERDO alcanzado en Bruselas sobre el presupuesto de la CE para el presente año cierra un episodio de gran trascendencia para el futuro de la organización. Bajo la apariencia de una discusión sobre las cifras, de lo que se trata es de la separación de poderes dentro de la Comunidad. Al mismo tiempo se ha puesto a prueba la escasa capacidad de reacción española frente a los problemas que la integración europea supone.Hace unos meses, el Parlamento Europeo incrementá los gastos del presupuesto, remitido por el Consejo de Ministros, en una cantidad relativamente reducida (600 millones de ECU sobre un total de 34.000) y destinada esencialmente a los fondos sociales. La inclusión de esta partida de gastos habría permitido equilibrar las aportaciones de los nuevos países miembros -España y Portugal- y evitar que se convirtieran en contribuyentes netos a la CE (es decir, que pagaran más de lo que reciben).

Al modificar el Parlamento unilateralmente el presupuesto remitido por el Consejo de Ministros, se planteó una discusión sobre a quién correspondía la primacía de la decisión. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en funciones de Tribunal Constitucional de la Comunidad, declinó dar la razón a una de las partes, conminándolas a lograr un acuerdo. De esta manera, el tribunal respetaba el espíritu del Tratado de Roma, que establecía la conveniencia de que los distintos órganos de la CE, mediante negociación y consenso, asumieran plenamente sus respectivas responsabilidades sin intentar evacuarlas hacia otras instancias.

La lección ha surtido efecto. A partir de la sentencia de Luxemburgo, el Consejo de Ministros se ha apresurado a revisar al alza el presupuesto presentado hace unos meses. Y lo ha hecho con tan aparente buena voluntad que incluso ha rebasado la cifra de gastos que solicitaba el Parlamento. A ello ha contribuido la depreciación del dólar, que obliga a un fuerte incremento en los subsidios a la exportación. En cuanto a los 600 millones de ECU que motivaron el desacuerdo, el Consejo ha recorrido un cierto trecho, y al final las diferencias se estrecharon hasta unas decenas de millones. En estas condiciones es lógico que el Parlamento haya aceptado las nuevas propuestas para no cargar con la responsabilidad de una eventual ruptura. El resultado de todo ello es que en el futuro el Consejo de Ministros de la CE deberá contar más con la opinión de los parlamentarios a la hora de elaborar el presupuesto. Políticamente, esta práctica será ventajosa para el equilibrio de poderes. Económicamente, lo más probable es que constituya un factor adicional de gasto.

El Gobierno español se ha esforzado por evitar que nuestro país pague a la CE más de lo que recibe de ella. Nuestra renta por habitante es inferior a la del promedio de la Comunidad, y no parece una sana política que los pobres subvencionen a los ricos. El problema es complejo, puesto que nuestra contribución consiste en un porcentaje sobre impuestos recaudados, mientras que las ayudas de la Comunidad dependen, además de la disponibilidad de fondos, de la capacidad de las regiones menos desarrolladas para diseñar proyectos susceptibles de recibir los recursos de los fondos estructurales de la CE. En el caso español, estos proyectos existen y han sido enviados a Bruselas, pero la Comunidad afirma que no ha podido examinarlos por falta de funcionarios españoles en el secretariado de la organización.

De momento, el acuerdo alcanzado con la comisión consiste en que ésta adelantará el 50% de los fondos de los programas de ayuda en el presente año. Con ello y algunas otras medidas del mismo tenor, la Administración piensa que podrán equilibrarse los flujos de dinero entre la Comunidad y España. Pero tal valoración es discutida por la patronal (CEOE), que estima que España pagará a Bruselas en 1986 entre 20.000 y 60.000 millones de pesetas más de lo que reciba.

No cabe duda de que es preciso reforzar nuestra presencia en la capital comunitaria. Es absurdo que por falta de la designación de los funcionarios españoles allí nuestros intereses no estén suficientemente representados y defendidos. Es verdad que los funcionarios de la comisión representan a la Comunidad y no a los países que los designan, pero constituyen un sólido vínculo de unión entre la Comunidad y el país de origen. Tampoco en el plano interior se están llevando a cabo los esfuerzos que la integración requiere. Los recursos con que cuenta la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CE son extremadamente limitados, y los empresarios se quejan con razón del poco apoyo oficial que encuentran sus reivindicaciones ante la Comunidad. El problema presupuestario de estos últimos días debe hacer meditar al Gobierno. Con la integración ha comenzado un proceso de negociación permanente en Bruselas, y esto constituye en sí mismo uno de los rasgos distintivos de la construcción de Europa. Más que el final de un proceso, el primero de enero de este año no fue sino el comienzo de una larga etapa. En definitiva, en la actitud de Felipe González ante estas cuestiones es donde va a descubrirse la realidad de su voluntad modernizadora.