El fiscal pide la anulación de un decreto sobre la exigencia del catalán a los maestros

El ministerio fiscal solicitó, en una vista oral celebrada en la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia de Barcelona, la anulación de un decreto deL Departamento de Enseñanza de la Generalitat en el que se regula la exigencia del conocimiento del catalán para los maestros que soliciten la plaza definitiva en esta comunidad autónoma.

La demanda, interpuesta por 53 maestros de EGB castellanohablantes, sostiene que el sistema de exigir el conocimiento del idioma catalán para los maestros que desean una plaza definitiva en Cataluña, reglamentado en un decreto de la Generalitat de enero pasado, es anticonstitucional por vulnerar el derecho a la igualdad. En la vista oral se produjeron unos incidentes cuando un grupo de profesores aplaudió a Esteban Gómez Rovira, abogado de la parte demandante, al concluir la lectura de su informe. El representante del ministerio fiscal afirmó que el decreto de la Generalitat era "un fraude a la ley" por no cumplir lo dictado en una sentencia del Tribunal Supremo referente a la misma cuestión.En diciembre de 1985, el Supremo anuló una disposición de la Generalitat que regulaba la ex¡gencia del conocimiento del idioma catalán, por entender que el sistema de realizarlo era discriminatorio para los maestros. Por este motivo, la Generalitat elaboró un decreto específico, en sustitución de lo declarado anticonstitucional. En opinión del fiscal, el decreto recurrido "deja las cosas tal como estaban, no respeta lo señalado por el Tribunal Supremo y sigue vulnerando el derecho a la igualdad".

El fiscal finalizó su informe en el juicio, en el que la parte demandante requirió la traducción del catalán al castellano, apuntando que tanto el artículo 3 de la Constitución como el tercero del Estatut amparan la oficialidad de los dos idiomas existentes en Cataluña pero que "la Generalitat se ha extralimitado en sus funciones convirtiendo en obligación lo que está contemplado como derecho".

El decreto recurrido establece que los maestros que se incorporen al sistema educativo en Cataluña, en EGB y enseñanza preescolar, deberán acreditar el conocimiento del idioma catalán mediante la superación de pruebas que se determinarán por el Departamento de Enseñanza. Del mismo modo, el artículo tercero puntualiza que, en el caso de que este requisito no se cumpla., los maestros quedarán asignadios en plazas de Cataluña "con carácter condicional" pero que no tendrán oportunidad. de obtener la plaza definitiva o participar en concursos de trasla.dos hasta no acreditar el conocimiento del catalán.

El abogado de la Generalitat. expresó en la vista oral. que el decreto recurrido no es ariticonstitucional porque la exigencia del catalán a los maestros con destino en Cataluña es lógica, "puesto que tanto la Constitución como el Estatuto catalán hacen referencia a la necesaria utilización de mecanismos que a.seguren la enseñanza del catalán'". Tal como señaló este letrado, es lógica la normativa sobre el conocimiento de este idioma para los maestros de Cataluña "porque en EGB y preescolar un solo maestro imparte todas las asiganaturas". Por su parte, el letrado del Estado pidió la no admisión de la demanda por haber sido planteada fuera de plazo y defendió la constitucionalidad del decreto recurrido.