SAVE reclama de la Administración una deuda de 1.337 millones

Vicente Iborra, presidente de la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE), manifestó ayer que su procesamiento obedece a razones políticas. SAVE está acusada de defraudar al Estado 760 millones de pesetas en sus liquidaciones por la concesión de los aparcamientos de 11 aeropuertos.

Iborra dijo que esta merma estaba autorizada verbalmente por la Administración, que compensaba así diversos incumplimientos de contrato. Según Iborra, el perjuicio causado a SAVE por esta razón se eleva a 1.337 millones de pesetas.SAVE, que facturó 899 millones de pesetas, no repartirá dividendo con cargo al beneficio de 134,6 millones obtenido en 1985. De ellos, poco más de 122 engrosarán un fondo que atenderá los gastos del trámite judicial. Además de Iborra, otras 33 personas están procesadas, entre ellas el consejo de administración, altos directivos y algunos trabajadores de la empresa.

En su primera comparecencia pública desde que en noviembre pasado quedara en libertad bajo fianza, Iborra expuso ante la junta de accionistas de SAVE los pormenores de la relación mantenida con el organismo autónomo Aeropuertos Españoles desde 1973.

El que fuera presidente de la patronal valenciana negó que SAVE hubiera incurrido en responsabilidad penal al no liquidar parte del canon que, según los contratos de concesión, había de entregar al Estado. Iborra explicó que las cantidades no retenidas -760 millones de pesetas según la peritación realizada por el juzgado instructor, el 12 de Valencia- lo eran con la autorización de la Administración.

Aeropuertos Españoles compensaba así a SAVE por no cumplir una de las cláusulas contractuales, que establecían que las únicas zonas de los aeropuertos en las que se permitía aparcar eran los estacionamientos concedidos a SAVE. En realidad, según Iborra, la Administración nunca impidió a los miles de trabajadores de los aeropuertos que estacionaran en aparcamientos paralelos no permitidos, pese a las contínuas quejas de SAVE. Ello llevó a ambas entidades a formalizar en 1978 un pacto verbal según el cual Aeropuertos Españoles habría autorizado la falsificación de las recaudaciones descubierta por la policía. La Administración no ha reconocido estos hechos.

Vicente Iborra afirmó que ese pacto se tradujo en 1981 en un convenio escrito que se convirtió en papel mojado al seguir existiendo los estacionamientos ilegales.

Perjuicio económico

SAVE valora en 1.337 millones de pesetas el perjuicio económico sufrido por estas prácticas, que toleró la Administración a raíz de la protesta de los trabajadores de aeropuertos. La cifra ha sido calculada por SAVE contando cada día, entre diciembre y abril, el número de automóviles que estacionaban en los aeropuertos dentro y fuera de la zona autorizada y extrapolando hasta el inicio de la concesión, que es, según la empresa, el mismo sistema seguido por la policía para cifrar el presunto fraude en 760 millones. Por el mismo concepto, la Administración hubiera percibido otros 1.494 millones. Iborra se refirió a otro incumplimiento contractual, que afectaría a las tarifas, que no se incrementaban cada año según lo pactado, lo que produjo un perjuicio valorado en otros 114 millones.