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Tribuna:LA POLÍTICA ECOLÓGICA ANTE LA INCORPORACIÓN A EUROPA

La integración en la CEE y el medio ambiente

CONCEPCIÓN SÁENZ LAÍNEspaña deberá asumir nuevos compromisos en el campo de la defensa del medio ambiente tras su incorporación a la Comunidad Económica Europea, y deberá hacerlo, señala la autora del artículo, tratando siempre de nivelar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Concepción Sáenz propone, en relación con este asunto, que las dimensiones medio ambientales figuren en todo tipo de planificación económica, y añade que habrán de tenerse en cuenta los problemas específicos de España como país del Mediterráneo.

El programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente para el próximo cuatrienio comienza a discutirse en Bruselas con ánimo de que sea aprobado durante 1986. España y Portugal asisten a los debates preliminares, que en este primer semestre del año preside el ministro holandés doctor Winsemius, experto en temas energéticos, de quien se espera un eficaz período de gestión que consiga el consenso de todos los ministros de Medio Ambiente de la CEE para la aprobación de una serie de directivas que regulan temas de gran incidencia económica, como el contenido en azufre de los gasóleos; la introducción de catalizadores en los vehículos a motor para reducir los gases contaminantes; la prohibición de verter determinadas sustancias químicas, como el cloroformo y el DDT, a las aguas; el control de la contaminación causada por el vertido de hidrocarburos al mar; la limitación de emisiones contaminantes a la atmósfera procedentes de las grandes centrales térmicas, etcétera.El marco político general de la CEE considera que, para el desarrollo armónico de las actividades económicas de los países miembros, los requisitos exigibles a las empresas, que asumen los costes derivados de la protección del medio, deben ser los mismos en todo el ámbito comunitario.

Éste fue el origen de las medidas comunitarias para la defensa del medio ambiente, junto a la mejora de la calidad de vida y al convencimiento de que los recursos naturales deben utilizarse lo más económicamente posible.

Hoy día, una prolija regulación avanza, mejorando las técnicas, la información y el control sobre la contaminación. Pero al tiempo que se revisa la legislación se despierta la necesidad de contemplar el medio ambiente desde un ángulo globalizadon que integre la dimensión ambiental en toda la planificación económica.

Como ejemplo, en el último Consejo de Ministros de Medio Ambiente, celebrado el pasado mes de noviembre, hubo un debate orientativo sobre la necesidad de estrechar las relaciones con la Comisión de Agricultura, dado que en su seno se tratan temas que afectan en grado sumo a la política ambiental, como la protección de los bosques.

Paralelamente, la conservación de la vida silvestre, tema del que hasta hace poco se ocupaba sólo el Consejo de Europa, comienza también a interesar a la CEE, que ha aprobado sendas directivas para la protección de las aves y de las focas, y se ocupa en estos momentos de una manera insistente en la forma de atenuar los graves daños que en los bosques y lagos nórdicos y centroeuropeos ocasionan las lluvias ácidas.

Sobrexplotación

A estas posiciones se ha llegado, por una parte, analizando las consecuencias producidas por la sobrexplotación o el despilfarro de los recursos naturales (agua, suelo, atmósfera, energía, biocenosis). Por la otra, constatando que, una vez producida la contaminación o la pérdida de un recurso, es infinitamente más costosa su reparación que lo hubieran sido las medidas tomadas en origen.

De la mano de estos razonamientos se adentra la CEE al aprobar el 27 de junio de 1985 una directiva sobre impacto ambiental, que establece la necesidad de evaluar los efectos sobre el medio, corno requisito previo a la autorización de ciertas obras o instalaciones. El cuarto programa de acción para el medio ambiente, que estará en vigor hasta 1990, consolidará la política preventiva mediante el desarrollo del instrumento conocido como evaluaciones del impacto ambiental, así como por el inicio de la integración del factor ambiental en las políticas sectoriales: planes energéticos, regadíos, silvicultura, obras públicas, etcétera.

Paralelamente, el cuarto programa de acción pondrá un énfasis especial en la vigilancia e información sobre el cumplimiento de toda la legislación comunitaria, lo que implica un conocimiento preciso y continuado de la situación ambiental de los Estados miembros, con balances periódicos y planes de descontaminación en las zonas en que los límites establecidos para alguno de los contaminantes regulados se sobrepasen.

Éste es el principal reto que la integración en la CEE supone para España en materia de medio ambiente: adecuar los niveles de contaminación mediante planes de saneamiento, optimizar todas las redes de vigilancia para suministrar a la CEE los balances indicadores de nuestra calidad ambiental y armonizar las normas ambientales vigentes o que se vayan promulgando a las comunitarias.

Estrategia

Pero este milenario país mediterráneo, encuentro de etnias y de culturas, refugio de característicos y variados ejemplares de la flora y la fauna, cuyos paisajes constituyen, además, un importante recurso turístico de su política ambiental, las singularidades del marco territorial de aplicación, ya que su orografía (el país más montañoso de Europa después de Suiza) y bioclimatología (prolongadas sequías estivales y frecuentes avenidas o torrenteras) son factores naturales que determinan la conservación de nuestros recursos.

La estrategia de la política ambiental española, que tendrá como marco los objetivos del cuarto programa de acción de la CEE a que he aludido, deberá concretarse en la conservación de los recursos naturales y la mejora de la calidad de vida, para lo que me atrevo a adelantar algunos instrumentos que es preciso desarrollar:

- La estrecha coordinación de las administraciones públicas.

- La evaluación de nuestros recursos naturales.

- La investigación científica sobre tecnologías descontaminantes y reutilización de los desechos.

- La capacitación plurisdisciplinar de gestores del medio ambiente.

- La información y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.

Concepción Sáenz Laín es directora general del Medio Ambiente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de junio de 1986