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LA NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA EN LAS AUTONOMÍAS

Los socialistas gallegos elogian el fallo del tribunal

Sólo los socialistas gallegos valoran positivamente la sentencia del Tribunal Constitucional que estima parcialmente el recurso presentado por el Gobierno de la nación contra la ley del Parlamento autónomo de normalización lingüística, aprobada unánimemente por todos los grupos -incluido el PSOE- el 13 de junio de 1983.Aunque el fallo sólo suprime la frase deber de conocerlo (el idioma gallego), los restantes partidos reaccionaron con críticas más o menos fuertes contra el Gobierno y el alto tribunal. Los nacionalistas la consideran "gravísima" a la vez que propone medidas jurídicas para salvar el contenido de esta sentencia.

El vicepresidente y portavoz de la Xunta, Grupo Parlamentario Popular y de la Coalición Popular de Galicia, Xosé Luis Barreiro, reconoce como positivo el hecho de que el fallo respete el artículo 7, que reconoce la validez plena de los actos jurídicos y actuaciones judiciales escritas en lengua gallega. Sin embargo, lamenta que haya sido suprimida la citada frase "que creo compatible con la Constitución".

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A pesar de apoyar sin reservas esta ley en su día, los socialistas consideran positivo el fallo al "estar en la línea de nuestra defensa de la cooficialidad de los dos idiomas", declaró su portavoz en el Parlamento autónomo, Fernando González Laxe.

Ataque a Galicia

El secretario general de Coalición Galega, Enrique Rodríguez Peña, la califica de un ataque a Galicia del '1españolisino del siglo pasado" y recuerda que en las negociaciones con los socialistas para formar el llamado Gobierno de progreso, éstos se habían comprometido a retirar el recurso del Tribunal Constitucional.

Más contundentemente se expresó el líder del PSG-Esquerda Galega, Camilo Nogueira, quien hizo un llamamiento a las entidades públicas y privadas de Galicia para que "manifieste su radical desacuerdo con la sentencia".

El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Xosé Manuel Beiras, calificó la sentencia de "aberrante", al tiempo que propugna establecer un "marco jurídico gallego que logre la normalización lingüística de nuestro idioma".

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