Un funcionario judicial de Vic, condenado a un año de cárcel por cohecho
La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona ha impuesto un año de prisión menor, un millón de pesetas de multa, siete años de inhabilitación al funcionario del juzgado de Vic (Barcelona) Manuel Cabrera Bertolín por delito de cochecho continuado, cometido entre los años 1978 y 1985. Por estos mismos delitos la sala ha condenado también al industrial Antonio Cunill Soler a un año de cárcel. La sentencia será recurrida al Tribunal Supremo, aseguró ayer el abogado defensor, Joan Castelló.El fraude judicial de Vic, que se descubrió hace justamente un año, se cerró ayer con una sentencia de los magistrados Adolfo Fernández Oubiña, José Luis Barrera Cogollos y César Planas, en la que se condena al funcionario y al industrial implicados en el caso por sendos delitos de coheche. Sin embargo, la misma sentencia absuelve al funcionario judicial del presunto delito de excenciones ilegales (cobro de impuestos no acordados por ley).
La sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona ha sorprendido en medios jurídicos, ya que habitualmente existen grandes dificultades para investigar y probar este tipo de delitos, como se refleja en el sumario seguido contra los magistrados Joaquín García Lavernia y Lorenzo Penalva, así como el instruido por las confesiones del industrial Josep Maria Humbert Rovira.
La primera de las causas se abrió en 1983 y en ella se encuentran procesados los dos magistrados y otros seis profesionales del Derecho. La citada causa se encuentra en periodo de instrucción en el Supremo. El sumario relativo a las confesiones de Humbert Rovira afecta a nueve juzgados de Barcelona y empezó también a instruirse en 1983.
