Entre la eficacia y la igualdad

LOS SOCIALISTAS se presentan a las elecciones del 22 de junio con un mensaje filosófico-económico: la consecución del equilibrio entre la eficacia y la igualdad. No es para menos. El repaso de tres años y medio de política económica da un balance de claroscuros sintomático. Se ha avanzado sensiblemente en el saneamiento económico, pero las condiciones de vida de muchos ciudadanos se han deteriorado.El problema es delimitar cuál es el objetivo de ese saneamiento y durante cuánto tiempo va a continuar para saber cuándo se va a materializar una mejora en la capacidad adquisitiva de los españoles y cuándo van a disminuir sustancialmente los porcentajes del desempleo, los más altos en el área de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El eslogan por buen camino parece indicar el contínuismo de la política económica, aunque en el programa electoral se hable de conseguir "el máximo crecimiento sostenido en una economía ya saneada".

El pretexto de la herencia recibida, que sirvió al Ejecutivo en muchos casos para justificar sus errores o su ritmo lento, sigue teniendo, sin embargo, un sentido en el aspecto económico. El momento en que el PSOE subió al Gobierno era crítico. Con un déficit público y exterior superiores a lo previsto, algunas empresas de primera magnitud estaban en suspensión de pagos o al borde de la quiebra (por ejemplo, Explosivos Río Tinto o Alúmina-Aluminio), y la crisis financiera tendía a convertirse en la más importante de Occidente. Por añadidura, dos meses después de llegar los socialistas a la Moncloa fue expropiada Rumasa, en condiciones que la acercaban a la quiebra, y siendo uno de los mayores holdings bancario-industriales de nuestro país.

La política económica padece en todos los países, con la excepción casi única de Estados Unidos, condicionamientos exteriores que apenas dejan margen a un grado de autonomía nacional. A causa de ello, el programa económico del PSOE de 1982 duró únicamente durante el intervalo entre los comicios y la toma de posesión del Gobierno. Nada más comenzar éste, el ministro de Economía y Hacienda aplicó un severo plan de estabilización a la usanza clásica. Se trató de ajustar la política económica española con la de los países de nuestro entorno. Los resultados favorables comienzan a registrarse ahora: ha bajado la inflación (la subida media anual de los precios al consumo se ha desacelerado del 14,4% al 8,8% en 1985); el crecimiento de la actividad económica se ha acelerado desde un 0,9% a un 2% cada uno de los dos últimos años y a cerca del 3% esperado en 1986; la balanza exterior tenía un déficit que equivalía al 2,4% del producto interior bruto y en 1985 alcanzó un superávit del 1,6%. También han sido espectaculares la reducción de la deuda externa y el aumento de la reserva de divisas.

Pero no todo son éxitos, y el precio pagado por éstos puede parecer, con razón, excesivo: los socialistas deben apuntarse su falta de capacidad para explicar por qué tanto rigor, incrementado por una reconversión industrial que ha causado muchas heridas en el cuerpo sindical y por un inicio de reforma de la Seguridad Social que ha dañado los intereses de los futuros jubilados. El cáncer de la vida económica española ha tenido también una abrumadora metástasis: no sólo no se han creado los 800.000 puestos de trabajo netos prometidos en 1982, sino que en estos tres años y medio se han generado otros 734.000 parados. España ostenta el difícil récord de tener en el desempleo al 22% de su población activa, superior al de cualquiera de los 24 países de la OCDE. Aun contando con el fracaso de las estadísticas y la existencia de la economía sumergida, es demasiado. El déficit público tampoco ha podido ser doblegado, a causa sobre todo de los gastos corrientes que abruman a la Administración, y la reforma fiscal aplicada ha sido parca en el descubrimiento y ruptura de las bolsas de fraude fiscal tradicionales, mientras ha incidido con intensidad en las rentas salariales controladas a través de las nóminas de las empresas. Sobre éstas hay que decir que la remuneración de los asalariados decreció en el período: cayó el 1,5% en términos reales en 1982, el 0,3% en 1983, el 3,9% en 1984 y parece frenarse en 1985.

En definitiva, los ciudadanos están a la espera de recoger los beneficios del ajuste en los próximos años. Sólo así tendrán sentido los sacrificios pasados que han sido propiciados en otros países democráticos por Gobiernos de derecha y muy excepcionalmente por los socialistas. únicamente de esta forma se comprenderá la espinosa senda recorrida hasta aquí y el buen camino que promete Felipe González.