Comienza el derribo de 16 chalés en una urbanización ilegal en Villa del Prado

La Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid ha iniciado el derribo de 16 chalés, la mayoría de ellos en construcción, en la urbanización Las Eloyas, en la localidad de Villa del Prado, después de que el Ayuntamiento no respetara los requisitos mínimos exigidos para su legalización. Asimismo, la consejería ha instado al Ayuntamiento de Manzanares el Real a demoler el chalé construido ilegalmente cerca de La Pedriza. La demora en la demolición ha motivado que el Grupo Socialista de la Asamblea haya pedido la comparecencia del alcalde.

La urbanización Las Hoyas se levanta sobre suelo no urbanizable, calificado de alto valor ecológico, en medio de un encinar de 245 hectáreas, al suroeste de la región. Después de largas y complejas negociaciones entre parcelistas, Ayuntamiento y Consejería de Ordenación Territorial, se decidió declarar el encinar "suelo no urbanizable, especialmente protegido" y permitir la creación de un núcleo de población de 127 viviendas en una zona limítrofe donde su impacto ambiental fuera menos negativo. Las parcelas urbanizables se reducirían de 5.000 a 2.700 metros cuadrados, y, los propietarios se encargarían de las obras de urbanización necesarias.Sin embargo, según fuentes de la Dirección General de Urbanismo, la decisión del Ayuntamiento, de mayoría popular, de permitir parcelaciones superiores a los 2.700 metros cuadrados en unos terrenos colindantes produjo la ruptura del acuerdo al que se había llegado inicialmente. Las mismas fuentes hablan de la actitud "negativa e incomprensible" del Ayuntamiento de Villa del Prado, "que ha dado vía libre a la construcción en una zona que debería ser calificada de zona de especial protección. Al final, y cuando todo parecía estar resuelto, los más perjudicados van a ser los propietarios de la urbanización".

El primer chalé fue derribado el pasado miércoles, y la Dirección General de Urbanismo espera tener autorización para proceder al derribo de otras 15 construcciones próximamente. En 1982, la Diputación Provincial inició el expediente sancionador contra la sociedad promotora de la urbanización, Integración Nueva Energía (INESA). Dos años más tarde, la Consejería de Ordenación del Territorio impuso a la promotora una sanción de 65 millones de pesetas.

Neutralismo municipal

El Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid ha pedido al alcalde de Manzanares el Real, el independiente José Damián Guijarro, que comparezca ante la comisión parlamentaria de Urbanismo y Vivienda para que explique su actuación respecto al chalé de lujo construido ilegalmente junto a las proximidades de La Pedriza. El chalé, construido sin licencia por un vecino de la localidad, José Garaeta, fue denunciado por los ecologistas, y sobre él pesa una orden de demolición dictada por la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda.La petición de comparecencia presentada por Marcos Sanz Agüero, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el pasado 3 de junio "solicita la comparecencia ante la comisión de Urbanismo, Vivienda y Obras Públicas de la Asamblea de Madrid, del alcalde de Manzanares el Real, al objeto de informar sobre el expediente relativo a la construcción y posterior ampliación de obras del chalé propiedad de José Garaeta, vecino del municipio, y que se encuentra situado en una de las zonas que la ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares califica como de reserva integral".

José Damián Guijarro, alcalde de Manzanares el Real, manifestó que aún no había recibido la petición de comparecencia. Respecto al chalé, el alcalde se negó a entrar en la cuestión de si era ilegal o no: "Efectivamente, recibimos un oficio de la consejería para demoler el chalé, pero el propietario ha presentado recurso, y el Ayuntamiento ha decidido no hacer nada hasta que los tribunales se pronuncien. Mientras tanto, el Ayuntamiento no quiere pronunciarse, para no influir en la decisión de los jueces.

Las primeras investigaciones realizadas por los técnicos de la consejería señalan que el chalé, que ocupa una extensión de unos 700 metros cuadrados, incluida una piscina cubierta de 7 por 18 metros, se construyó en base a una licencia de 1981 que sólo amparaba una construcción muy inferior, al margen de que, según los informes citados, dicha licencia estaba ya caducada.

Las obras de construcción incluyeron también una pequeña carretera de acceso al chalé, de unos 250 metros, construida igualmente sin licencia, y que también deberá demolerse.

La existencia del chalé fue denunciada por miembros, de la Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza. Los ecologistas afirmaron en su momento que "la no demolición de un chalé construido ilegalmente en una zona de protección integral convertiría en letra muerta la propia ley del parque regional".