El Ministerio de Agricultura abrío el pasado año 2.950 expedientes por fraude alimentario

La Dirección General de Política Alimentaria realizó el pasado año 63.000 inspecciones, que resultaron en 2.950 expedientes y sanciones por valor de 304 millones de pesetas. Unos 20 expedientes, algunos de los cuales están en fase de recurso, se trasladaron a Consejo de Ministros debido a su mayor cuantía. Entre ellos figuran los levantados a la empresa de fertilizantes Cross (10,1 millones de pesetas) y a la firma de embutidos Moncayo (8,1 millones). La empresa aceitera Olis Girona fue sancionada con cuatro millones; la de vinos José de Soto, con 5,2 millones, y Evasa, fabricante de sidra, con 1,4 millones.

El director general de Política Alimentaria, Mariano Maraver, indicó ayer que ninguna de las sanciones responde a fraudes alimentarios con consecuencias peligrosas para la salud. El aumento de la vigilancia en el sector alimentario provocó el pasado año un descenso del importe de las multas impuestas. Así, de las 63.000 inspecciones realizadas en 1985 sólo resultaron sanciones por valor de 304 millones, mientras que en 1984 el número de inspecciones fue menor, 59.000, pero las sanciones se elevaron a 387 millones.Uno de los sectores actualmente más sensibles es el de los aceites. Así, la Dirección General de Política Alimentaria acaba de inmovilizar en las tiendas 60.000 litros de aceite de oliva, que se vendía como tal pero estaban fuertemente adulterados con aceite de orujo. Este aceite adulterado era comercializado por marcas pequeñas y poco conocidas de Cataluña: Pujoli, Prisma, Ceci y Salmoret. Esta adulteración no tiene efectos tóxicos e, incluso, en algunos países de la Comunidad Europea (CE) se comercializan. Sin embargo, en España supone un fraude, según la reglamentación vigente, ya que el producto se comercializa como aceite de oliva, pero al estar adulterado con aceite de orujo se puede vender a precios mucho más bajos. Este abaratamiento resulta, entonces, en competencia desleal.

Del total de sanciones impuestas durante el pasado año, 170,3 millones de pesetas correspondieron a empresas de producción agrícola o ganadera. De ese total, 106 millones recayeron en empresas de fertilizantes, el subsector en el que se observaron mayores irregularidades.

Reforzar la vigilancia

Los servicios contra fraudes del Ministerio de Agricultura, que se reforzaron el pasado año con la contratación de 100 nuevos inspectores, sólo incoaron 20 expedientes, por un valor de 57 millones de pesetas, que tuvieron que ser trasladados, por su mayor cuantía, al Consejo de Ministros. De ellos, 11 se debieron a incumplimientos de los reglamentos de la campaña vitivinícola.Entre estos expedientes, se encuentra el abierto a la firma de fertilizantes Cross, debido a una falta de riqueza en sus abonos y cuya sanción se elevó a 10 millones de pesetas. La empresa de embutidos Moncayo fue multada con ocho millones, por utilizar exceso de nitrato, mientras que la empresa vinícola José de Soto recibió una sanción de 5,2 millones de pesetas. El expediente de Olis Girona ascendió a cuatro millones, debido a la mezcla de aceites de oliva con aceites vegetales.

Por otro lado, la Administración, las organizaciones agrarias, los comerciantes y los industriales iniciaron ayer en e1 FORPPA una serie de reuniones para mejorar las condiciones de cultivo y comercialización de la patata.