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El Gobierno de Chirac pretende crear la figura del 'arrepentido'

Soledad Gallego-Díaz

Los terroristas que colaboren con la policía o con la justicia francesa serán perdonados o verán su propia pena reducida a la mitad, según el proyecto de ley antiterrorista que ha preparado el Gobierno de Jacques Chirac y que será enviado el próximo día 28 al Parlamento. El Ministerio del Interior ha anunciado, por su parte, que aquellas personas que proporcionen información sobre actividades terroristas serán recompensadas económicamente.

La aparición de la figura del pentiti (terrorista arrepentido como se le conoce en Italia) es la principal novedad del proyecto de ley, anunciado por el primer ministro en su discurso de presentación ante la Asamblea Nacional, el pasado 9 de abril. El texto final que será sometido al Consejo de Ministros es menos radical de lo que había dejado entender Chirac, porque a la hora de la verdad los expertos han comprobado que algunas de las medidas previstas podían provocar más inconvenientes que ventajas.El proyecto de ley no prevé, por ejemplo, la creación de un delito único de terrorismo, tal y' como había dicho el primer ministro, porque, según el preámbulo, el actual arsenal jurídico "permite reprimir con suficiente severidad todos los supuestos suceptibles de ser calificados de terrorismo". Si existiera un delito único, y una pena única; se plantearían serios problemas para solicitar extradiciones de países que no reconocen esa figura en sus propias leyes.

El Gobierno ha decidido también renunciar a la creación de un tribunal especial (la antigua Corte de la Seguridad del Estado), pero ha previsto en algunos casos centralizar en París la causa e instrucción de los delitos. La centralización no será automática, sino que dependerá de las características del crimen cometido y de las posibles conexiones nacionales e internacionales. En caso de conflicto de competencias entre la Audiencia y el Tribunal de Gran Instancia de París con otros tribunales, será la Corte de Casación quien decida, en un plazo máximo de ocho días. En todos los casos, el tribunal estará formado íntegramente por magistrados profesionales, lo que quiere decir que se suprimirá el jurado, al igual que sucede con los delitos de espionaje.

El proyecto de ley recoge una vieja aspiración de la policía y amplía el período de detención preventiva, que, con autorización del juez correspondiente, podrá pasar dé dos a cuatro días. (En España, la ley antiterrorista establece una detención preventiva de hasta diez días.) Esta ampliación se aplicaba ya a los traficantes de droga.

El proyecto de ley francés adopta algunas precauciones para que no se repitan los casos registrados en Italia o en Gran Bretaña, donde los pentiti o supergrass (como se les conoce en el Reino Unido) obtenían los beneficios antes de que se comprobara la veracidad de sus acusaciones. En Francia, para que un terrorista se vea completamente libre deberá haber impedido una acción de su grupo o permitido la detención de sus cómplices antes de haber sido él mismo procesado. En los otros casos se prevé la reducción de la mitad de la pena.

El proyecto de ley incluye una medida que puede ser de especial interés para España: la disolución de asociaciónes, dirigidas en teoría o en la práctica por extranjeros, que. favorezcan o animen la realización de actos terroristas tanto en Francia como en otros países. El preámbulo afirma que se trata de disolver los grupos que a partir de Francia "pretenden desestabilizar países extranjeros". Igualmente se prevé la expulsión obligatoria de los extranjeros que hayan cometido delitos que den lugar a una centralización de la causa.

La nueva ley antiterrorista no habla de "recompensas económicas" para los informadores o delatores, pero el ministro del Interior, Charles Pascua, explicó, en una reunión que mantuvo recientemente en Córcega, que a partir de ahora las autoridades policiales dispondrán de fondos para esos fines.

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