Una gestoría, acusada de quedarse con el dinero de clientes a quienes tramitaba los pagos

La gestoría Pérez Carbonell, de Valencia, ha sido acusada de apropiarse Indebidamente de pagos por valor de al menos 70 millones de pesetas que sus clientes le habían entregado con el fin de que les gestionase las liquidaciones de diferentes tasas, impuestos y tributos. La denuncia ha sido presentada por una decena de afectados, quienes indican que este hecho afecta a cientos de personas y empresas del barrio de Benicalap. Pequeños empresarios autónomos pueden perder así su pensión de jubilación, y hay empresas que oficialmente no han pagado impuestos desde 1981. La gestoría acusa a su vez a los empleados de haberse apropiado del dinero.

En Benicalap, una populosa barriada obrera, no es raro encontrar personas afectadas por estos hechos. Durante años, vecinos del barrio han entregado a Ana Pérez Carbonell cientos de miles de pesetas para que atendiera en su nombre diveros pagos: desde licencias de apertura hasta impuesto sobre la renta y cuotas de la Seguridad Social. Un muestreo entre los perjudicados y un somero análisis de la documentación que obra en su poder indica que una parte considerable de las decenas de millones facturados desde 1978 no ha sido liquidada a los organismos recaudadores, según los datos extraídos de un libro en el que Ana Pérez anotaba las deudas con sus clientes, ahora en poder del Juzgado.Los querellantes -ocho o diez por ahora- actuaron cuando fueron requeridos para efectuar diversos pagos que ya creían liquidados hace años. Seguramente aumentarán en los próximos días a poco que vayan llegando nuevos requerimientos del Ministerio de Hacienda u otros organismos. De los datos, referidos a finales de 1984, se desprende que en aquella fecha la gestoría no había liquidado más de 70 millones de pesetas que previamente le habían sido entregados por un número de contribuyentes que oscila entre los 600 y 800. No consta si desde entonces estas cifras han aumentado, aunque se sabe que la gestoría ha negociado con algunos perjudicados para que fueran retiradas las querellas, a cambio de saldar la deuda.

Ana Pérez, de, 49 años de edad, de quien extrañaba su nivel de vida y que mantiene abierto aún su negocio, adopta el papel de víctima. "Se trata de un compló para hundirme", ha dicho varias veces, llorando ante sus acreedores, aunque se ha negado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Se muestra confiada, según dicen sus acreedores, y ha prometido pagar a todos. Su especial carisma ha hecho que algunos afectados sigan teniendo esperanza. Como Victoriano, un peluquero próximo a jubilarse a quien la Seguridad Social reciama medio millón por su seguro de autónomo no pagado desde 1981. No sabe de dónde sacar dinero para tener derecho a. su pensión. Su esperanza es ser uno de los pocos que pueda cobrar: "Me he pasado muchas noches en vela, llorando y pensando. La gestora me ha dicho que por las malas no sacaré nada. No quiero hablar mal de ella, por si acaso".

Los empleados, conscientes de haber sido testigos de las actividades de su patrona, han abandonado su trabajo "al ver que ella no se enmendaba". Una de las administrativas de la gestoría se ha querellado contra su antigua patrona, a quien acusa de falsificar su firma para que su finiquito constara como pagado. Tan escandalosa llegó a ser la situación que los mismos empleados intentaban convencer a los clientes para que se fueran.

Algunos vecinos del barrio aseguran que "sólo fueron abonados los pagos cuyos recibos eran exigidos. La mayoría se desentendía,y creía que era mejor, para que no se perdieran, que los justificantes los guardaran en la gestoría.