Dos diplomáticos y tres funcionarios de la Oficina Popular, expulsados en 6 meses

El Gobierno español ha acordado en los últimos seis meses la expulsión de dos diplomáticos libios, tres, funcionarios de la Oficina Popular (embajada) y 10 ciudadanos, entre administradores, estudiantes y profesores que residían en nuestro país, por "actividades contrarias a la seguridad del Estado". Actualmente, la embajada libia dispone de tres diplomáticos, tras las expulsiones de los dos mencionados anteriormente.

El Gobierno español cursó el pasado 20 de diciembre una orden de expulsión contra tres funcionarios de la Oficina Popular de Libia al comprobar que pretendían atentar contra Mohamed Yusef el Maghariaf, cualificado líder de la oposición al coronel Muamar el Gaddafi. Esta orden afectó a los funcionarios Mohamed Ali Idris, Sadeh Ahmed Awan y Abderramán Zawan por considerar que "realizaban actividades contrarias a su labor diplomática". Los tres funcionarios abandonaron España en los primeros días de enero.

El 23 de abril, el Ejecutivo anunció la orden de expulsión contra 11 ciudadanos libios en aplicación de las medidas dictadas en Luxemburgo por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea. El Gobierno español, en este caso, expulsó al consejero económico de la Oficina Popular, a dos administrativos de esta sede diplomática, y a tres estudiantes y cinco profesores que residían en nuestro país.

Libia respondió a esta medida europea con la expulsión de 36 diplomáticos acreditados en Trípoli, entre ellos dos españoles.

En esta ocasión el comunicado de la Oficina de Información Diplomática manifestaba que el diplomático, Ramadán Mohamed Ruheim, y los dos administrativos de la Oficina Popular -Hadmed Agel y Ehemed Mohamed Dwayewd- eran expulsados "por llevar a cabo actividades incompatibles con el desempeño de sus funciones".

Los tres estudiantes y los cinco profesores de la escuela libia El Fatah de Madrid recibían la misma orden por "su relación con actividades contrarias a la seguridad del Estado".

Limitación de movimientos

El director general de Política Exterior para Africa y Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Jorge Dezcallar, informó que a partir de ese momento el personal de la embajada debería solicitar permiso a las autoridades españolas para abandonar la provincia de Madrid. Hasta ese momento, los funcionarios y diplomáticos españoles en Trípoli tenían limitada también su libertad de movimientos dentro del país, sin que España hubiera aplicado esa reciprocidad.El 10 de mayo, el Gobierno expulsó el encargado de asuntos culturales y número dos de la Oficina Popular en Madrid, Saed Mohamed Alsalam Esmaiel, quien mantuvo diferentes contactos con el coronel Carlos de Meer de Ribera para financiar un partido de matiz ultraderechista e involucionista, así como llevar a cabo acciones terroristas con el fin de desestabilizar el sistema democrático español.