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El ex comisario jefe de Santander, supuestamente implicado en el caso de los presuntos policías corruptos

La Dirección General de la Policía (DGP) ha ordenado al ex comisario jefe de la provincia de Santander Alejandro Miyares Duque, jubilado desde 1983, la entrega de su placa, pistola y titulación de policía de honor por supuesta implicación en actividades delictivas. Con Miyares son ya siete los miembros del Cuerpo Superior de Policía que han sido suspendidos de empleo y sueldo por su presunta implicación en atracos, tráfico de armas y drogas. Fuentes policiales señalaron ayer que el número de policías presuntamente implicados puede ser superior al de expedientados.

La DGP, cuyo titular es Rafael del Río, ordenó el pasado 13 de mayo la apertura de expedientes disciplinarios contra los policías Francisco Javier Fernández Álvarez, de 39 años, comisario jefe de la Brigada Regional de Policía Judicial de Bilbao; Miguel Ángel Bercianos Torres, de 35 años, inspector de primera, jefe del Grupo Antiatracos de Bilbao; Victoriano Gutierrez Lobo, de 35 años, inspector de primera, jefe del Grupo Antiatracos número 1 de Madrid; Antonio Caro Fontanillo, de 35 años, ex jefe del Grupo Antiatracos de Santander y actualmente destinado en Gerona; Adelardo Rafael Martínez García, de 37 años, inspector de primera de la Brigada Central de Policía Judicial de Madrid; y Rafael Jaime Portela, de 34 años, adscrito al Grupo Antiatracos de Madrid.Miyares Duque, de 63 años, que fue destituido al frente de la Comisaría Provincial de Santander -dependiente de la Jefatura Superior de Oviedo- meses antes de su jubilación, recibió la semana pasada instrucciones de comparecer en la comisaría de policía al objeto de entregar su placa y el arma correspondiente. "Pregunté allí a qué obedecía tal medida y nadie supo responderme. Acabo de consultar con un abogado para saber si se han conculcado algunos derechos que puedan corresponderme". El Ministerio del Interior le ha retirado también el título de policía de honor, que le fue concedido por sus méritos profesionales. Sin embargo, a diferencia de sus otros seis compañeros presuntamente implicados, la DGP no le ha abierto un expediente disciplinario, al encontrarse jubilado.

Un periódico local, Alerta, publicó ayer una fotografía, extraída del archivo, en la que aparece el ex comisario ante una mesa conteniendo cientos de joyas recuperadas después del atraco a lajoyería Rubí de esta capital, en 1981, propiedad de la mujer de Federico Venero. Venero decidió hace cuatro meses tirar de la manta y denunciar al juez las extorsiones de que estaba siendo objeto por algunos inspectores de la policía y declarar sus propias implicaciones en algunos hechos delictivos como consecuencia de la presión insuperable que aquéllos ejercían, sobre él.

Venero, hace sólo tres días, había negado a EL PAÍS que hubiese declarado a los enviados de Cambio 16 que las joyas procedentes del atraco en su tienda se las llevaban a puñados del despacho del comisario Miyares, al que tenía acceso todo el mundo". Pero, en cambio, admitió que el importe de las joyas que los atracadores se llevaron de su establecimiento ascendía a 27 millones de pesetas y sólo recuperó piezas por valor de siete millones de pesetas.

El ex jefe de la Comisaría Provincial de Santander, a quien el periódico considera presuntamente involucrado en las denuncias de corrupción efectuadas contra varios inspectores, precisó a EL PAÍS que no ha perdido la serenidad porque está libre de toda culpa. "No me creo ni la mitad de lo que publican estos días los periódicos".

"Se ha dicho", añade, "que las joyas recuperadas en Bilbao y robadas en la tienda de Venero estaban en mi despacho. Ello es incierto, porque siempre permanecieron guardadas en una habitación contigua que luego se convirtió en sala de visitas. La llave la tenían únicamente en su poder los inspectores de Bilbao que habían realizado la detención de los atracadores. De todas las diligencias que se tramitaron tuvieron conocimiento las autoridades, a las que estábamos obligados a informar. Hablo del gobernador civil de Santander y del jefe superior de policía de Oviedo, lo mismo que el actual comisario jefe de Santander, Alfredo Carvallo, que por aquella época estaba destinado en la jefatura de Oviedo en calidad de inspector de servicio".

El ex comisario rechaza toda responsabilidad en los hechos que se hayan producido en la comisaría de Santander durante los últimos tres años, esto es, desde que fue destituido a principios de 1983, y manifiesta no sa ber que su sucesor fuese trasladado a la capital cántabra para desmontar la Brigada de Policía Judicial porque sobre algunos de sus miembros existían graves sospechas de participación en muy sucias actividades. "¿Por qué", se pregunta Miyares, "mi sucesor mantuvo a sus órdenes después de salir yo, durante largos meses, a uno de los presuntos implicados, destituido ahora por el ministerio? Estoy refiriéndome a Antonio Caro. Si era un funcionario venal, no entiendo por qué no se le expedientó inmediatamente".

Miyares acudió ayer al despacho de su abogado, el concejal socialista Pérez Obregón para encargarle un análisis de las últimas informaciones periodísticas de cara a una posible de querella por difamación. Asegura no compartir el sentimiento de vengüenza generalizado que experimentan en estas penosas horas muchos de los inspectores adscritos a la comisaría de Santander.

Hermetismo del juez

Por su parte, el juez que instruye el sumario, Javier Cruzado, titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Santander, se niega rotundamente a revelar el menor secreto. "No hay, hasta ahora, ni un solo detenido y tampoco procesados", declaró él juez a EL PAÍS en su despacho de la Audiencia Provincial, mientras advertía de su intención irreductible de no revelar una sola línea del sumario. Pero desea hacer ostensible su disgusto después de que el tema haya saltado a los periódicos y compromete su palabra de honor en el sentido de que la filiración "en absoluto procede del juzgado y, con toda seguridad, tampoco de la comisaría de policía de Santander". "Pero soy consciente de que la investigación puede verse gravemente perjudicada"."Y que conste", precisa, "que en ningún caso se hubiera aquí tratado de ocultar nada, porque no forma parte de nuestras costumbres dar carpetazo a ningún asunto. Y ello porque la justicia es lentísima. Puesto que ya sabemos todos lo que son las causas, pero una vez que se pone en marcha no hay quien la detenga".

"Yo no entro en si la Prensa ha exagerado o minimizado los hechos, pero está claro que las noticias divulgadas pasan por alto un elemental principio de presunción de inocencia que se concede a todos los delincuentes, incluso a los terroristas", agrega el titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Santander.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de mayo de 1986

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