El primer caso importante de un joven juez

J. D., Javier Cruzado Díaz, el juez instructor del sumario sobre la supuesta corrupción policial, en su conexión cántabra, nació hace 39 años en Mugardos, en la ría de Ferrol (La Coruña). Está casado y tiene dos hijos. Responsable del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander desde su creación hace dos años, se convirtió en fiscal de distrito, por oposición, en 1973. Cuatro años después alcanzó la judicatura. Antes de venir a Santander fue juez de instrucción en Vergara (Guipúzcoa), Martos (Jaén) y Luarca (Asturias).

Aunque carece de embarcación propia, se siente atraído por la navegación a vela. En Cantabria goza de una cierta fama de juez autoritario, que intenta meter en la cárcel a todos los delincuentes cuya culpabilidad, haya visto probada, haciendo uso de las facultades que le concede el Código Penal. En los despachos de la Audiencia Provincial se le reconoce una gran vocación profesional, con notoria capacidad de trabajo.

Ideología conservadora

Es total su alergia a aparecer en los medios informativos -a los que se ha negado a recibir desde que estalló el escándalo policial-, pero no siempre puede evitarlo. Hace unas semanal, el senador Juan Bedoya le acusó en un artículo de dictar, en algunos casos, sentencias de acuerdo con su presunta ideología conservadora. El fiscal jefe de la Audiencia optó por enviar el escrito al fiscal del Reino, sin que hasta ahora haya nuevas noticias al respecto. El juez confiesa que en su todavía breve carrera no han pasado por sus manos asuntos "importantes, de ésos de nivel nacional". "En cuanto a éste [se refiere a la supuesta implicación de funcionarios de policías en actividades delictivas], no sé si alcanzará ese rango", afirma Javier Cruzado. "Si aceptamos lo que dicen los periódicos, por supuesto que sí", añade.

Atrincherado en sus rigurosos conceptos sobre la discreción y prudencia que deben observar los jueces, rechaza hablar sobre el estado de la investigación en marcha y del número de posibles implicados. En suma, se niega a hablar de nada que pueda vulnerar el carácter secreto de las diligencias que se halla instruyendo.