Más de 100 agentes de Bilbao apoyan a los dos compañeros sancionados
Mas de un centenar de funcionarios de policía celebraron el miércoles pasado una comida en el restaurante de la feria de Muestras de Bilbao en solidaridad con el comisario Javier Fernández Álvarez y el inspector de primera Miguel Ángel Bercianos Torres, suspendidos ambos de empleo y sueldo por su presunta implicación en actividades delictivas que investiga un juez de Santander. El Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario en el Cuerpo Superior y al que estan afiliados los dos funcionarios expedientados, se negó a participar en la organización del almuerzo.Un portavoz oficial indicó ayer que el Gobierno Civil no ha abierto ningun procedimiento para investigar el carácter de la reunión de policías y no tiene ninguna declaración que hacer porque interpreta que se trata de un encuentro privado de funcionarios.
El almuerzo fue organizado por inspectores de la Brigada de Policía Judicial, que dirigía el comisario jefe Fernández Álvarez, y congregó a 117 funcionarios, de los 150 que integran la plantilla total de Bilbao. Fuentes policiales indicaron ayer que no fue un acto de solidaridad con los dos sancionados "sino una cosa relativamente usual, puramente humana, que se celebra cuando algun policía se jubila o se traslada a alguna otra ciudad".
Sin embargo, los funcionarios de la Brigada Judicial se dirigieron al SPP para pedirle que apoyara el acto, a lo que los directivos del sindicato se negaron, por entender que se trataba de manifestar apoyo a funcionarios encausados por la Justicia. El presidente de este sindicato policial en el País Vasco, José Manuel Marino, declaró ayer que el almuerzo le parece "muy mal y contraproducente, porque es absurdo solidarizarse con compañeros a los que hay que expulsar del cuerpo si se comprueba su culpabilidad".
Lacra en la profesión
José Manuel Marino criticó, no obstante, la actitud del Ministerio del Interior y reconoció que existe malestar en el cuerpo por la forma en que se ha desarrollado la investigación."Si todo esto se sabía desde diciembre pasado, como nos consta, los presuntos implicados debían haber sido suspendidos preventivamente en sus funciones o como mínimo trasladados hasta que se les pudiera acusar, en vez de permitir que siguieran desarrollando sus actividades", manifestó el directivo del Sindicato Profesional de Policía.
Por su parte, Federico López Ferrer, portavoz en el País Vasco del Sindicato Unificado de Policía (SUP), organización mayoritaria en la Policía Nacional, se limitó a indicar que el almuerzo "es consecuencia de un corporativismo que creíamos desterrado de la policía, y sobre el que el Gobierno debe tomar nota".
El Sindicato Unificado de Policía ha calificado de lacra la presencia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de "elementos de dudosa catalogación moral y profesional" y ha pedido la creación de una brigada de investigación interna como existe en otros países de Europa.
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