La patronal espera que el cierre de los colegios privados afecte a casi tres millones de alumnos

Los colegios de enseñanza privada comienzan hoy una paralización de sus actividades en protesta por la política del Ministerio de Educación sobre la concesión de conciertos económicos. La medida, promovida por la Coordinadora Pro Libertad de Enseñanza, puede afectar, según la patronal católica, a buena parte de los casi tres millones de alumnos integrados en la enseñanza privada. Fuentes de la Administración y algunas organizaciones relacionadas con la enseñanza privada, tanto católica como no católica, afirman, por el contrario, que la repercusión de la convocatoria será poco significativa.Los colegios de enseñanza privada comienzan hoy una paralización de sus actividades en protesta por la política del Ministerio de Educación sobre la concesión de conciertos económicos. La medida, promovida por la Coordinadora Pro Libertad de Enseñanza, puede afectar, según la patronal católica, a buena parte de los casi tres millones de alumnos integrados en la enseñanza privada. Fuentes de la Administración y algunas organizaciones relacionadas con la enseñanza privada, tanto católica como no católica, afirman, por el contrario, que la repercusión de la convocatoria será poco significativa.

El cese de actividades fue convocado el pasado día 22 de este mes por la Coordinadora, que forman la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), presidida por Ángel Martínez Fuertes, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), presidida por Carmen de Alvear, el sindicato FSIE y la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), cuyo secretario general es Aureliano Laguna.El Ministerio de Educación ha previsto ante esta convocatoria, calificada de cierre patronal por la Administración, "las medidas necesarias para que el tiempo que pierdan los alumnos como consecuencia de la posible paralización de la actividad docente sea recuperado más adelante". Previamente, los servicios de inspección deberán levantar acta de las alteraciones que se produzcan en el normal desarrollo de las actividades docentes en todos los centros privados.

Los directores provinciales de Educación deberán formular propuestas concretas al ministerio para prolongar el calendario lectivo por el mismo período que haya durado la suspensión de actividades en cada centro, todo ello "sin perjuicio de las medidas que se adopten con respecto a los centros que incumplan sus obligaciones".

Las fuerzas políticas y los sindicatos de izquierda se han pronunciado en contra de esta interrupción de actividades. Para Salvador Clotas, responsable de Educación del PSOE, la medida supone una vulneración del derecho a la educación de los alumnos que estudian en estos colegios y un desafío a las instituciones democráticas.

Los sindicatos UGT y CC OO han afirmado en un comunicado conjunto que el anuncio de cierre (término que se niegan a admitir los convocantes) no se ajusta a la legalidad vigente y que las organizaciones de la Coordinadora Pro Libertad de Enseñanza utilizan medidas de fuerza para imponer lo que no consiguen ni por la razón ni por la vía parlamentaria.

Por su parte, la Federación de Enseñanza Privada de FESITE-USO ha manifestado que la convocatoria supone una manifiesta irregularidad jurídica, "por lo que cualquier trabajador podrá exigir la apertura de su centro ante la dirección provincial de Trabajo y Seguridad Social". Considera este sindicato que debe aclararse cuál será la situación laboral de los trabajadores mientras se mantenga el cierre pretendido. FESITE-USO insta por último al Ministerio de Educación y Ciencia a que, "de una vez por todas, se abra al diálogo y permita alcanzar el necesario pacto escolar como única fórmula de evitar situaciones como la que nos ocupa".

Escuela cristiana

La acción de cerrar los centros escolares privados durante la próxima semana no es compartida por la principal agrupación de escuelas de Cataluña, el Consejo de la Escuela Cristiana. "Existe un clima de crispación desmesurada", manifestó a este diario Francesc Riu, secretario general del citado consejo. De esta situación también es culpable, según Riu, la manera en que el Ministerio de Educación y Ciencia ha desarrollado la ley orgánica del Derecho a la Educación (LODE)."Hay un problema de desorientación, difícil de valorar desde Cataluña. Estos criterios de actuación crean inseguridad y provocan tensiones internas", declaró Francesc Riu. En Cataluña no se realizará ese cierre de centros. El desarrollo de la LODE depende en esta comunidad del departamento de Enseñanza de la Generalitat.

Por otra parte, las Cooperativas de Enseñanza de Madrid, Aragón, Murcia, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cantabria, Andalucía y Cataluña han hecho público un comunicado en el que manifiestan que el actual sistema de conciertos puede ser una via válida que tienda a encauzar la financiación de la enseñanza obligatoria.

Las cooperativas añaden que, ante los graves problemas pendientes de solución con los ministerios de Educación y de Trabajo, "las cooperativas, como tercera vía dentro de la enseñanza", manifiestan su "decisión de emprender próximamente acciones de fuerza si no se solucionan urgentemente dichos problemas".

La Comisión Episcopal de Enseñanza, que se reunió el pasado viernes con la junta directiva de la FERE, aseguró, por su parte, en un comunicado, que la convocatoria de cese de las actividades ha sido hecha bajo la exclusiva responsabilidad de las organizaciones convocantes. El mismo viernes fue recibido el nuevo secretario general de la FERE, Aureliano Laguna, por el ministro de Educación.

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