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La COAG como problema

Los días 4 y 5 de abril, la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), organización sindical que se reclama progresista, cubría el hueco entre la pasada manifestación de la agrupación de derechas Ufade-Jóvenes Agricultores y la gran movida de esta última convocada y desarrollada en Madrid. Para evitar que decayese la estrategia de la tensión que se pretende llevar al campo, el 14 de abril realizaba la COAG una nueva manifestación en Zaragoza, con motivo de la luego frustrada visita del ministro de Agricultura, Carlos Romero, a esta ciudad. A partir de estos hechos el autor reflexiona sobre la actitud de la COAG.

El origen aparente del proceso movilizador de COAG era la defensa de una tabla reivindicativa de 29 puntos, dirigida al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) el 28 de febrero pasado, resumida finalmente en los siguientes temas: descuentos sobre el gasóleo a realizar directamente en poste, 14 pagas para los jubilados del régimen especial agrario de la Seguridad Social, supresión de las jornadas teóricas a efectos de cómputo para las cotizaciones a la Seguridad Social, negociación global de la fiscalidad agraria y adopción de medidas para adecuar las estructuras productivas agrarias a la Comunidad Europea (CE).Lo primero que salta a la vista es que la mayor parte de ese cuadro reivindicativo, que en algún punto es respetable, difícilmente puede considerarse como de política agraria, competencia del MAPA, aunque pueda afectar a los agricultores como ciudadanos e incluso como colectivo diferenciado de la sociedad.

Salvo que consideremos al MAPA como supremo gestor de todas las facetas de la vida rural, además de las específicamente productivas, a cuyos efectos sería necesario asignarle competencias, desde funciones tan asépticas como la sanidad, hasta el orden público y la lucha contra el delito en el medio rural, es evidente que no puede responsabilizarse al citado órgano de la Administración de los temas Fiscales o de Seguridad Social.

En este sentido, dirigir los tiros contra el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a estos efectos supone que los promotores de la protesta o no se enteran de lo que pasa o utilizan criterios de agitación viciados desde el origen, en el más torpe estilo demagógico.

Reivindicaciones

Del precedente cuadro reivindicativo sólo un tema es de directa responsabilidad del MAPA: la preparación de las estructuras productivas y transformadoras de la agricultura española ante el ingreso en el Mercado Común. Y aquí, sin ocultar la existencia de problemas y cuestiones aún no resueltas, difícilmente puede negarse que las principales tareas administrativas, desde la regulación de mercados al tema de estructuras, han sido acometidas en tiempo y forma, en el espacio récord de tres años, y en medio de las ingentes tareas, con disfunciones inevitables, que conlleva la construcción de un nuevo Estado.

Otra cosa es que una herencia de siglos, condicionada por fenómenos naturales e históricos, y últimamente por la crisis económica, pueda modificarse radicalmente en 36 meses. Los agricultores de este país han mostrado sobradamente su dinamismo y capacidad de adaptación durante el último trienio, pero no puede pedírseles, ni la Administración socialista es capaz de forzar a golpe de decreto y gestión cortoplacista, que borren de un plumazo los condicionantes negativos de una realidad económica y cultura cristalizada durante tantos años.

Una gran parte de los dirigentes de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos son conscientes de los límites, objetivos y subjetivos existentes para una transformación inmediata y radical del medio rural español y del esfuerzo realizado a escala de la Administración, para hacerlo viable en el menor tiempo posible, que en cualquier caso siempre serán bastantes años.

No ignoran, igualmente, que las razones aducidas como justificación de la protesta carecen en el contexto, la forma y el momento en que se han presentado, del rigor y seriedad necesarios para superar el calificativo del pretexto. No obstante, han lanzado a la Coordinadora de Agricultores a un proceso abierto de confrontación con el Gobierno socialista, y cabe preguntarse acerca del significado político y las razones que explican este comportamiento que está llevando la COAG.

En relación con lo primero, la práctica actual del COAG supone la integración subordinada de esta organización en el proyecto político de la derecha política y sindical agraria. Esta última necesita cubrirse ante la opinión pública española con la falsa especie de que "el campo", sin adjetivaciones, está enfrentado al Gobierno socialista.

Relevándose en la protesta con la correa de transmisión de la derecha en el campo, la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos concede la coartada necesaria para que esa especie pueda parecer verosímil, y la declaración de alguno de sus dirigentes de que ellos están "en contra de los sindicatos de la derecha" no pasa de ser un sarcasmo.

Error histórico

La razón más inmediata de ese error histórico, cuyos netos y directos beneficiarios van a ser precisamente "los sindicatos de derecha", en contra de los cuales la coordinadora dice estar, responde a una estrategia que pretende encontrar en la acción callejera una garantía de futuro para la COAG, que sus dirigentes entienden amenazado y que de ser así revelaría -y el cambio de táctica permitiría camuflar al mismo tiempo- su incapacidad para consolidarlo durante tres años de práctica reivindicativa "pacífica".

El catalizador del proceso ha sido el injusto veto puesto al ingreso de COAG en el COPA, institución que agrupa a todas las patronales y sindicatos agrarios representativos de la Comunidad Europea (CE), por la organización de derechas Unión de Federaciones Agrarias de España-Jóvenes Agricultores.

Ésta es una maniobra de tenaza cuyo objetivo último es, sin duda, desgastar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Gobierno socialista, y en cuya prosecución, como hemos visto, participa alegremente la coordinadora.

Como trasfondo último del problema, al margen de los vientos electorales que corren, se encuentra la contradicción, no resuelta por la COAG, que se arrastra desde hace tres años, entre la realidad y el deseo, y la consiguiente incapacidad para vertebrar su práctica reivindicativa en el campo español de acuerdo con el principio de la realidad, cuya asunción hubiera exigido cambios organizativos, e incluso personales, que sólo parcial e insuficientemente han tenido lugar en el seno de la coordinadora durante los últimos tiempos.

Si a ello añadimos el bloque de filias y fobias -sobre todo lo último- que caracteriza a algunos líderes de importantes uniones sindicales, empeñados en ver gigantes donde sólo suele haber molinos -y dejándose escapar, tan perspicaces quijotes, a los auténticos endriagos- tendremos el último ingrediente, el factor humano, que proporciona gran parte de las claves para entender el actual proceso.

La sujeción enajenada a la magia del debe ser, sobre todo durante el primer año de Gobierno socialista, ha sido claramente negativa para la COAG, y cabe temer que nuevamente esté informando su línea política y reivindicativa, con nefastas consecuencias para el futuro de esta organización agraria, y de la opinión progresista en el campo español, al margen de espejismos de coyuntura que sólo una visión miope puede ver como el camino para llegar a la perfección.

Fuerzas de izquierdaNo obstante sería injusto y políticamente equivocado no ver en los problemas de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) otra cosa que sus propias insuficiencias y errores -políticos, organizativos y personales-, así como la, por otra parte, evidente y legítima actuación en su seno de otras fuerzas políticas de izquierda.

En estos momentos, urge una reflexión profunda en la fuerza hegemónica de la izquierda española acerca de cuál puede o debe ser el modelo sindical agrario a aplicar en el campo español. De la respuesta que se dé a esa tarea, que es tarea de partido y no de Administración, van a deperider muchas cosas en el medio rural en un próximo futuro.cb0

Julián Arévalo es presidente del Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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