La dimension presupuestaria

La ampliación de la Comunidad Europea (CE), con la entrada de España y Portugal, ha coincidido con una crisis presupuestaria de la misma. Crisis que, según el autor no proviene del necesario encaje de los dos países, sino que expresa, de modo más profundo, la inadecuación de los medios financieros con las políticas seguidas. La afirmación puede parecer trivial, ya que la historia de la CE está jalonada de crisis; la diferencia es que en ésta España no es ya espectadora, sino protagonista. Y ello como aportadora y como receptora de fondos.

La actual situación puede ser caracterizada con tres rasgos esenciales:1. En primer lugar, por la afloración del déficit del presupuesto comunitario, definido eufemísticamente como la carga del pasado. Carga puesta de manifiesto cuando se ha aplicado la disciplina presupuestaria, que ha mostrado el divorcio creciente entre compromisos contraídos y medios para hacerles frente.

2. En segundo lugar, la consecuencia inmediata de lo apuntado: el previsto agotamiento de los fondos estructurales, en principio para septiembre de este año. Ello Plantea la necesidad inmediata de un presupuesto suplementario de liquidación de deudas.

3. Por último se plantea el debate a medio plazo, a partir del Acta Única de Luxemburgo. En la misma se fija como objetivo para 1992 la creación del mercado interno comunitario.

Ello requiere la cohesión económica como contrapartida de un proceso que, dejado a su lógica interna, habría de conducir a una concentración creciente de riqueza y actividad en las zonas actualmente más desarrolladas de la CE. Los medios de esta política de equilibrio y cohesión son los fondos estructurales, cuya situación y posible recorte de cara al futuro es ,lo que ha provocado la actual crisis.

Para España, país periférico y con un nivel de renta inferior a la media, la solución que se dé a la actual crisis tiene, por tanto, especial trascendencia.

Al mismo tiempo se plantea la necesidad de dar una, dimensión europea a una serie de políticas de futuro (electrónica, informática, telecomunicaciones, aeroespacial, etcétera) para no colocar a Europa en posición marginal respecto de Estados Unidos y Japón.

Los precios agrícolas

El problema reside en que la política de precios agrícolas, que devora más de dos tercios del presupuesto comunitario, es de hecho incomprensible.

Política que beneficia a la agricultura continental frente a la mediterránea a las grandes explotaciones frente a las pequeñas, y que para dar salida a los excedentes acumulados plantea graves problemas en la relación entre Europa y el Tercer Mundo (lanzando azúcar subvencionada al mercado mundial, del mismo modo que Estados Unidos lo hace con el arroz). Por mucho que se intente frenar, la inercia de esta situación supone un peso muerto que condiciona claramente las opciones de futuro.

En el momento del ingreso de España, el 1 de enero de 1986, la Comisión Europea estimaba, en el anteproyecto de presupuesto para 1986, que los compromisos contraídos pendientes de liquidación eran de 12.300 millones de ECU (2.000 más que el año anterior), aproximadamente 1,7 billones de pesetas (*). De esta cifra, unos 9.000 millones corresponden a los fondos estructurales.

En cabeza se sitúa el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con 4.877 millones de ECU, seguido del Fondo Social, con 2.832; del Fondo de Orientación Agrícola, con 1.104, y de la pesca, con unos 117 millones. En 1986 estos compromisos del pasado exigirán pagos por un importe de 3.200 millones de ECU (430.000 millones de pesetas).

La razón fundamental de este desfase es que, al tratarse de gastos disociados, es distinto el momento del compromiso y el del pago. Por ello ha sido posible que entre la promesa y la realidad se haya ido estableciendo un divorcio creciente, agravado por la disciplina presupuestaria de los últimos años. Esta disciplina se ha aplicado a los créditos de pago y no a los de compromiso, con lo que se ha producido un auténtico efecto de represamiento al no haberse actuado en el origen.

Las cargas del pasadoA esta cifra hay que añadir como cargas del pasado los adelantos reembolsados de los Estados miembros en 1984 (1.003 millones de ECU); el incremento en la devolución al Reino Unido -400 millones, correspondientes a 1984 y 1985-, deuda para la que hay prevista una compensación financiera para los dos nuevos Estados miembros; la depreciación de los stocks agrícolas, y los eventuales déficit de gestión y otras deudas no contabilizadas.

Los excedentes agrícolas almacenados a finales de 1985 merecen mención aparte. En efecto, su valor contable en esta fecha era de 10.553 millones de ECU (su incremento es de 1.750 millones respecto del año anterior).

La Comisión Europea ha planteado un programa de reducción de stocks de 4.430 millones de ECU a realizar en tres años (con un coste de 1.155 millones en 1986), pero estima la pérdida total de valor de esos stocks en 5.650 millones de ECU (unos 760.000 millones de pesetas). Las previsiones de la Comisión Europea para financiar el programa implican unas economías de gestión de dudosa viabilidad, y parece evidente que va a ser imposible financiar la reducción de stocks con los recursos presupuestarios normales.

Neutralidad presupuestaria

Estas cuentas del Gran Capitán deben ser contempladas desde una doble perspectiva: la de la aportación española, teniendo en cuenta los compromisos de la adhesión, y la comunitaria. Nuestra pertenencia como miembro de pleno derecho a la CE nos exige, en efecto, no contemplar los problemas desde una óptica estricta y estrechamente nacional. Al pensar cómo resolvemos nuestros problemas hemos de tener en cuenta al mismo tiempo cómo resolvemos el de todos. Vivir en comunidad significa precisamente que no se sale del apuro endosando el problema al vecino.

En principio, España está protegida por el compromiso firme, adquirido tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo, de garantizar la neutralidad presupuestaria durante el período transitorio. Sin embargo, la única reserva jurídica que excluye a España de la contribución a la financiación de los compromisos contraídos antes de la adhesión se refiere al cheque británico.

Lo único que existe es una cierta fuerza política y moral para exigir la no participación en el pago de las deudas anteriores, sobre todo cuando, como ocurre con los excedentes agrícolas, España ha realizado su propio esfuerzo de liquidación.

Además debe mantenerse una vigilancia y presión constante para conseguir que el problema se dilucide cuanto antes con la presentación del presupuesto suplementario. El mismo comisario encarga do del presupuesto, Cristophersen, ha manifestado ante el Parlamento que cuanto más se tarde en resolver la carga del pasado, más contribuirán a su liquidación España y Portugal.

Afirmación que no es en sí ningún secreto de Estado, sino que supone la mera constatación de que el paso del tiempo borra las diferencias entre deudas anteriores y posteriores a la adhesión, y porque el reembolso decreciente de nuestra contribución al presupuesto, previsto en el acta de adhesión, hace que cuanto más tarde se paguen las deudas, mayor sea nuestra contribución.

Defender que España no sea contribuyente neto a la CE es un objetivo político básico, porque no es sostenible que un país con unas estructuras económicas más débiles y un nivel de vida más bajo que la media comunitaria aporte al presupuesto comunitario más de lo que recibe. Y hay que ir más allá, porque el presupuesto comunitario actual está configurado por una política agrícola que ha destinado más dinero a los productos del norte de Europa, a las zonas más ricas de la CE; no contribuye a la reducción de las desigualdades, y está muy lejos de desarrollar el papel redistributivo que debe caracterizar un presupuesto prefederal.

* El montante global del presupuesto de la CE es de una magnitud parecida al español. Con un cambio de 1 ECU = 135 pesetas, el importe es de 4,5 billones de pesetas.