Una ley cuestionada

Partidos políticos e instituciones han cuestionado la base jurídica sobre la que se ha apoyado el Ayuntamiento para incrementar el tipo impositivo de la contribución territorial urbana hasta fijarlo en un 28%. "El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido la ley que ha sido aprobada por las Cortes y que está vigente", dice Tejero.La ley a la que se refiere Tejero es la de Medidas Urgentes de Saneamiento de las Haciendas Locales, cuyo artículo 13 permite fijar libremente a los Ayuntamientos a partir del 1 de enero de 1984 el tipo de gravamen de la contribución territorial urbana.

Para los grupos que han expresado su protesta, esta delegación legislativa no es constitucional, y en este sentido recuerdan que el pasado mes de diciembre el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los artículos 8.1 y 9.1 de la citada ley de Medidas Urgentes.

Estos artículos permitían a los Ayuntamientos establecer un recargo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas y fijar el tipo de gravamen. La Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid ha manifestado su deseo de que el alto tribunal se pronuncie pronto sobre los recursos presentados al tiempo que ha anunciado que ha recurrido por la vía contencioso administrativa.

A estas críticas se han sumado las provocadas por el adelanto del período de pago voluntario, fijado entre el 1 de abril y el 30 de mayo cuando hasta ahora se abonaba entre los meses de septiembre y noviembre. La Organización de Consumidores y Usuarios ya expresó hace unos días su intención de presentar un recurso contra este adelanto.

El Grupo Popular, que considera que existe un "clamor popular" contra el incremento y el adelanto del pago, ha solicitado que el plazo se amplíe hasta el 30 de noviembre y que, si es necesario, se permita el pago fraccionado sin cobro de intereses.