Hacia la justicia gratuita

EL PROYECTO de ley sobre supresión de las tasas judiciales, aprobado recientemente por el Congreso y que, tras su ratificación por el Senado, entrará en vigor el próximo 1 de septiembre, constituye un paso importante en el camino hacia la gratuidad de la justicia, con el efecto añadido de contribuir a la erradicación de las corrupciones en las oficinas judiciales. A diferencia de otras previsiones constitucionales sobre derechos y libertades, que han experimentado recortes al ser desarrolladas por ley, el mandato que el artículo 119 de la Constitución hace al legislador sobre la gratuidad de la justicia se está cumpliendo con cierta amplitud.La reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil efectuada por la ley de 6 de agosto de 1984 extendió el beneficio de la justicia gratuita a los sectores ciudadanos más desfavorecidos. Con ocasión de la regulación de la asistencia letrada al detenido y al preso, se estableció la gratuidad de esta asistencia, y de igual modo la ley orgánica del Poder Judicial de 3 de julio de 1985 amplió la gratuidad al ejercicio de la acción popular. El proyecto de ley que ahora comentamos culmina este proceso con la supresión absoluta, según reza su artículo único, de "las tasas judiciales y las que se devengan por la expedición de certificaciones del Registro Civil".

La supresión de esas tasas viene a dar cumplimiento a la obligación constitucional de que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la igualdad de los ciudadanos ante la justicia sea real y efectiva. La objeción de que la gratuidad puede conducir a la proliferación de pleitos no puede ser tenida en consideración, cuando se compara ese riesgo con las ventajas del abaratamiento para los ciudadanos de recursos modestos. Además, ofrece otro elemento positivo nada desdeñable. Su eliminación liberará a los secretarios judiciales de la gestión tributaria que sobre este concepto tienen y les permitirá regresar a funciones de mayor alcance procesal y de organización de la oficina judicial.

Es preciso advertir que con la supresión de las tasas no desaparecerá todo el dinero legal de las oficinas judiciales. Para que esto se produzca será preciso que el Gobierno acoja propuestas como la realizada por el Colegio Nacional de Secretarios tendente a impedir totalmente la circulación monetaria en los juzgados y el trasiego a cuentas particulares, en entidades crediticias, del dinero de las consignaciones o de las indemnizaciones de los particulares. Mientras tanto, sin embargo, la reducción del volumen de dinero que circula por los juzgados ayudará a descubrir el que la corrupción y la astilla sigue haciendo fluir.

El Consejo General del Poder Judicial debe ser el abanderado de esta batalla, destinada a erradicar los abusos y las intermediaciones innecesarias (a este respecto merecería la pena plantearse cual es el auténtico papel de los procuradores de los tribunales y qué tipo de encarecimiento su gestión produce en los diversos pleitos). La iniciativa de convocar para el próximo mes de mayo unas jornadas sobre la corrupción en la justicia, con participación de todos los sectores afectados, debe seguir adelante. El órgano de gobierno del poder judicial no puede sentirse impresionado por las voces que desde la mayoría conservadora de la carrera judicial se escandalizan por el mero uso por el consejo de la palabra corrupción o responden calificando a las astillas -así lo ha hecho recientemente la Asociación Profesional de la Magistratura- como "asunto de poca monta". La justicia española es hoy cara, lenta, y está sometida a toda clase de obstaculizaciones procesales y técnicas innecesarias. Para devolverla el prestigio social perdido, y la credibilidad ante los ciudadanos, es necesaria una cirugía de urgencia en la que los propios jueces deben ser los primeros interesados.

El paso dado por el Gobierno en el terreno de las tasas debe servir de acicate a los sectores judiciales empeñados en la lucha contra la corrupción y en el levantamiento de una administración de Justicia digna de tal nombre y de los contribuyentes que la sufragan.