Polémica sobre el tratamiento informativo del terrorismo

Una discusión sobre la responsabilidad de los medios informativos frente al terrorismo entre el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, y el director de EL PAÍS, Juan Luis Cebrián, se produjo ayer en la tercera y última sesión del seminario sobre Periodismo y violencia, organizado en San Sebastián por el Instituto Internacional de Prensa (IPI).

Cebrián se refirió a las quejas de los Gobiernos occidentales sobre las ventajas que ofrece a los terroristas la libertad informativa y a la tentación de imponer restricciones a la Prensa. Se pronunció en contra de cualquier tipo de limitación y a favor del secreto profesional, como derecho y deber del periodista.

"Es verdad que existen errores de tratamiento", reconoció Cebrián. "Por eso, la condición para rechazar cualquier censura es una alta exigencia de rigor profesional".

Jáuregui, por su parte, definió el terrorismo como propaganda armada y sostuvo que la estrategia de las organizaciones violentas otorga un papel muy importante a los medios informativos.

El delegado del Gobierno, que hizo críticas al tratamiento diferencial que se otorga a los funerales, según sean de miembros de los cuerpos de seguridad o de ETA, y, al empleo en la información de términos que proceden del lenguaje de los terroristas, dijo ser escéptico sobre el autocontrol de los periodistas en el tratamiento de asuntos relacionados con la violencia política por la fuerte competencia y los intereses mercantiles.

La conquista del voto

El director de EL PAÍS replicó que la aplicación de este tipo de análisis a la vida política llevaría a concluir que los Gobiernos actúan exclusivamente guiados por la conquista del voto, al margen de cualquier consideración ética. El poder ejecutivo, afirmó, debe reconocer como punto de partida que la Prensa y la libertad informativa desempeñan un papel incómodo, pero son una parte del sistema democrático desde el que hay que combatir la violencia.Los otros dos ponentes fueron Johannes Gros, director de Capital, de Colonia (República Federal de Alemania), y Eugenio Ibarzábal, portavoz del Gobierno vasco. El primero analizó la evolución de los grupos armados en su país y dijo que los terroristas quieren publicidad, pero que es responsabilidad de los periodistas, y no del Gobierno, decidir si algo se publica o no. Ibarzábal pidió a los medios informativos que trabajen con perspectiva y, en el caso de Euskadi, que reconozcan la inflexión que sufre la violencia desde 1981 en vez de abordar el problema como si estuviera en el punto cero.

En el turno de preguntas, Cristina Cuesta, hija de un delegado de Telefónica en Guipúzcoa que fue asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en marzo de 1982, pidió a los periódicos que ofrezcan un cauce de expresión a los familiares de las víctimas de la violencia para entablar un diálogo que facilite la pacificación. "Quiero sentarme a hablar con la novia de Zabalza y la madre de un etarra asesinado por los GAL", dijo.