Las autonomías 'ganarán' 65.000 millones con la nueva financiación

Las cornunidades autónomas reguladas por el régimen general recibirán un plus de 65.000 millones de pesetas merced a la nueva fórmula de financiación elaborada por técnicos del Ministerio de Economía. El borrador fue planteado ayer por el presidente Felipe González, a los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por socialistas, y será presentado para su aprobación oficial el próximo día 24 en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que forman parte todos los consejeros de Hacienda de las autonomías.

La nueva fórmula establece las fuentes, el volumen y la distribución de los recursos de las distintas comunidades autónomas. Las principales ventajas son la distribución, por primera vez, de una parte de los recursos según los criterios de la LOFCA (ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) y de los estatutos de autonomía; y, por otro lado, la corrección de las distorsiones del llamado efecto financiero. Este inflamiento, favorable a las comunidades autónomas, consiste en el desajuste producido por el distinto ritmo de crecimiento, de los ingresos del Estado (de los que participan las autonomías y que crecen más) y de los costes de los servicios transferidos a las comunidades (soportados por los Gobiernos regionales y que se incrementan menos). Por el contrario, se presenta más difícil la aplicación del nuevo sistema sin la modificación legal de la LOFCA.

Una parte

El nuevo sistema, desarrollado en unos 25 folios, es sólo una décima parte del informe elaborado por técnicos del Ministerio de Economía, en el que se analizaba la financiación autonómica, y que se presentó al Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre. En esencia, sólo se ha aprovechado el mecanismo ideado para corregir el llamado efecto financiero.Según la nueva fórmula, prevista para 1987, la principal fuente de financiación de las comunidades autónomas, un 80%-90% del total, se obtendrá de una participación porcentual en los ingresos del Estado. Desaparecen, por tanto, todas las posibilidades de corresponsabilización y cogestión tributaria que se habían barajado. Y se excluye también la posibilidad de compartir alguna figura tributaria importante como el IVA o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esta opción, que agudiza las distorsiones del llamado efecto financiero, se ha corregido mediante una compleja fórmula matemática denominada ITATE (Ingresos Tributarios Ajustados Temporalmente y Estructuralmente). Con la nueva fórmula, el porcentaje de participación de las autonomías en los ingresos estatales no se calcula tomando como base la retribución tributaria íntegra del Estado, tal como se hacía hasta ahora, sino que se minora esta base, constituida por la recaudación fiscal total, con dos descuentos. Por una parte, mediante el llamado Ajuste Estructural, que supone un descuento equivalente a la parte de ingresos que cubre el déficit público, sin las cargas financieras; y, por otra, a través del Ajuste Temporal, que significa otra rebaja de una cuantía igual a los ingresos correspondientes a cotizaciones de la Seguridad Social y a fondos para el desempleo y el AES.

El volumen total de recursos disponibles de las comunidades autónomas se establece añadiendo a los recibidos por el sistema antiguo -la suma del coste de todos los servicios transferidos- tres nuevas partidas. Una primera estará integrada por subvenciones varias actualmente dispersas, pero sin incluir el Fondo Nacional de Asistencia Social (FONAS) ni las del Ministerio de Educación, que se continuarán recibiendo aparte con criterios finalistas. Una segunda partida se nutrirá de un 25% de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), lo que supone unos 40.000 millones de pesetas. El FCI continuará funcionando como tal con los criteirios actuales, es decir, dedicando todos sus fondos a inversiones nuevas, con el 75% restante de los recursos. La tercera, y más importante, partida estará constituida por una asignación especial de los presupuestos del Estado que para 1987 ascenderá a 65.000 millones.

Estas dos últimas partidas, que suman 105.000 millones de pesetas, se distribuirán, por primera vez, según los criterios del artículo 13 de la LOFCA y de los estatutos de autonomía: en función del coeficiente de población; del esfuerzo fiscal en el IRPF; de la cantidad equivalente a la aportación proporcional que corresponda a cada comunidad por las cargas generales que el Estado continúe asumiendo como propias; y por la relación inversa de la renta real por habitante de la comunidad respecto al resto de España.

El Gobierno pretende alcanzar un acuerdo en la nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera sin modificar la LOFCA, sino con una simple "convención" que permitiera una peculiar y ajustada interpretación de esa ley.