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AP acusa al Gobierno de incurrir en gravísimas irregularidades en el proceso de reprivatización de Rumasa

Anabel Díez

El Grupo Popular acusó ayer al Gobierno de "incurrir en gravísimas irregularidades" en el proceso de reprivatización del holding Rumasa, en el que encuentra "indicios racionales de corrupción pública", según palabras del diputado Luis Ramallo, que presentó una interpelación en el Congreso sobre la andadura de la Rumasa estatal desde su expropiación, el 23 de febrero de 1983. "El Gobierno es responsable de los mismos cargos que acusó para fundamentar la expropiación", dijo Ramallo, que acabó solicitando Ia expropiación de la Rumasa estatal". El ministro de Economía y Hacienda Carlos Solchaga, afirmó que el Gobierno había actuado correctamente e invitó a Ramallo a presentar una querella ante los tribunales si mantenía sus acusaciones.El diputacio conservador Luis Ramallo tuvo una ardua intervención cargada de cifras, con especificación, según sus datos, del balance de las empresas de Rumasa que han sido vendidas a particulares.

"Han aumentado de forma grave las pérdidas de las sociedades expropiadas; todas las empresas se han vendido por adjudicación directa; existen diferencias importantes, en los precios de las empresas vendidas, entre lo acordado por la comisión asesora de reprivatización y por el consejo de ministros y lo contratado finalmente en documento público; algunas ventas de empresas constituyen verdaderos regalos para los compradores". Rumasa costará más de un billón de pesetas, aseguró Ramallo, a modo de síntesis de sus acusaciones.

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, tachó de "exageradas y burdas" las cifras manejadas por Ramallo y aseguró que no iba a caer "en la trampa" de adelantar una cifra de lo que supondrá finalmente para el Estado el proceso de reprivatización. "El Gobierno siempre supo que en última instancia las deudas iban a tener que ser pagadas por los españoles, pero si no hubiéramos detenido la bola de nieve de Rumasa las pérdidas se hubieran triplicado", aseguró Solchaga.

Presentar querella

El titular de Economía y Hacienda invitó a Ramallo -"si es que tiene indicios de que ha habido desviación en el proceso"- a presentar una querella en un juzgado. "Acudan a los tribunales y pierdan una querella más", manifestó Solchaga, después de escuchar a Ramallo que Ia Rumasa estatal debía de ser expropiada".

El diputado conservador afirmó la siguiente declaración de principios: "hoy tendríamos que pedira la Cámara la expropiación de la Rumasa socialista y ello en razón de que el Gobierno ha provocado con su actuación un enorme agujero económico con presunta infracción de las leyes". Luis Ramallo concluyó: "el Gobierno es resporisable de los mismos cargos que imputó al grupo Rumasa, agravados en este caso por la personal¡dad pública del autor".

El ministro de Economía y Hacienda no entró dialécticamente a rebatir ninguno de los casos pormenorizados que Ramallo había expuesto, como fue el proceso de venta de Galerías Preciados, respecto del cual este diputado pidió la documentación de esta reprivatización. "Las ventas demuestrari que el Gobierno ha hecho unos regalos que constituyen un verdadero escándalo", afirmó Ramallo refiriéndose a la venta de Vinícola. de Castilla, comprada por FIPASA.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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