La política de subvenciones tiene los días contados

La larga crisis industrial, el duro proceso de reconversión y el intento de reindustrializar el país a marchas forzadas, para no quedar demasiado lejos de nuestros nuevos socios europeos, ha llevado a las administraciones públicas españolas a crear, en los últimos años, una laberíntica red de ayudas a las empresas. Sin una filosofía clara y sin apenas coordinación entre las administraciones, el extenso mapa de acciones públicas resulta intrincado incluso para los especialistas. Pero la complejidad del mapa de ayudas es un problema menor ante otros que se plantean. En primer lugar, la mayoría de los expertos coinciden en calificar de inútiles las subvenciones. En segundo lugar, la CE las prohíbe. Y, por último, unas comunidades ayudan más que otras a sus empresas, lo que origina no pocas distorsiones.

Un pequeño repaso a las cantidades que se destinan al fomento de empresas y empleos basta para calibrar el volumen global de esta política. El País Vasco ha destinado más de 8.000 millones a ayudar a las pyrnes y destinará otros, 30.000 millones a su plan trienal de relanzamiento. El pasado viernes se aprobó un nuevo convenio, firmado por el Gobierno vasco y todos, los bancos y cajas, por valor de 17.500 millones. Cataluña ha invertido casi 2.000 millones entre fomento del aprendizaje, ahorro energético y zonas deprimidas. Galicia ha gastado en los dos últimos años casi 2.000 millones. Andalucía, 6.500 millones en tres años. La Comunidad Valenciana y la madrileña se mueven en el orden de los 2.000 millones. El resto de las autonomías no sobrepasa los 1.000 millones de pesetas. Ahora, cuando el nivel de ayudas está prácticamente al copo, el ingreso en la Comunidad Europea (CE) impone un drástico cambio en esta política.El País Vasco está en el punto de mira de todos cuantos critican la supuesta vulneración. de las normas comunitarias. La importante capacidad financiera de dicha comunidad autónoma se: refleja en las cantidades que maneja: 32.000 millones de pesetas para el Plan Trienal de Relanzamiento Industrial, y 52.000 millones para invertir durante los próximos tres años. Por otra parte, la aguda crisis sufrida por su aparato industrial, casi de monocultivo siderúrgico, ha generado una política de ayudas cuya envergadura no tiene parangón en el resto de España.

Jesús Alberdi, director general de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial del País Vasco, comenta que "efectivamente, el ingreso en la CE debe suponer el fin de una época en que el dinero público ha llovido sobre las empresas". Alberdi coincide con la mayoría de los expertos al considerar que "en general, las subvenciones no son excesivamente útiles y en bastantes casos fomentan la picaresca antes que el auténtico desarrollo empresarial". Por esa razón la Sociedad para la Promoción y la Reconversión Industrial, que funciona como sociedad anónima "y con criterios de sector privado", se plantea, desde ahora, un programa de ayudas soft. El soft es, en el lenguaje de los expertos, el terreno de la ayuda técnica indirecta: desde la formación de bancos de datos económicos y empresariales hasta la asesoría en cuestiones financieras o la formación y reciclaje de empresarios, pasando por la creación de mecanismos que faciliten la exportación o de empresas de capital-riesgo. Lo contrario, el hard, es la subvención, el dinero, y en general todo lo que se incorpora como activo tangible a las empresas.

Mantener el empleo

Alberdi se muestra escéptico, sin embargo, respecto al fin de la era de la subvención. "Las administraciones políticas", dice, "deben acometer acciones de utilidad real muy discutible pero socialmente necesarias. Acciones encaminadas a mantener el nivel de empleo, aunque sea artificialmente, o a sostener industrias cuya caída tendría graves consecuencias sociales". Reflejo de ello podría ser el Plan de Relanzamiento Excepcional, impulsado por el Departamento de Industrias y Comercio vasco para los sectores metalúrgico, papelero, maquinaria y recambios automovilísticos. En dicho plan se contemplan, por ejemplo, subvenciones de hasta 400.000 pesetas por puesto de trabajo mantenido (que se destinan a financiar las indemnizaciones de los empleos no mantenidos en la empresa en cuestión), subvenciones a la inversión en activo fijo de hasta el 30% de la inversión y subvenciones a la investigación hasta el 40% del coste, entre otras. Estas ayudas, de las que carecen el resto de empresas podrían vulnerar la legislación comunitaria.

La Generalitat de Cataluña, con menores recursos financieros y una situación industrial menos dramática que la vasca, prefirió curarse en salud ante el ingreso de España en la CE. Su instrumento para la política industrial, el Cidem (Centro de Información y Desarrollo Empresarial) encargó al Patronat Català pro Europa un informe sobre la legalidad o ilegalidad de sus distintos proyectos de fomento. Joaquim Llimona, asesor jurídico del patronato, desaconsejó rotundamente algunas de las cuestiones planteadas por el Cidem, como la que insinuaba la posibilidad de favorecer las inversiones en material catalán frente al de otras procedencias.

Joaquim Pujol, director general del Cidem, tomó nota del informe y rectificó la mayor parte de las ayudas susceptibles de ilegalidad. Pujol afirma que "la política industrial de la Generalitat es ahora perfectamente compatible, salvo quizá algún aspecto secundario, con la normativa comunitaria". El Cidem, como la Sociedad para la Promoción y Reconversión vasca, ha optado por la línea soft. Hasta el año pasado existía una línea de subvenciones llamada Fomento a la Inversión que concedió 114 millones de pesetas. Ahora se ha agotado.

Capital riesgo

La gran novedad del Cidem para este año es la Sociedad Catalana de Capital Riesgo, sociedad anónima constituida por el Cidem y las cajas catalanas. Los vascos han puesto en marcha una entidad similar denominada Actividad Capital Riesgo para la que ya han empezado a captar fondos de inversores particulares.

Con su confianza en la inversión privada, la Sociedad de Promoción y Reconversión quiere alejar un fantasma que planea por encima de las comunidades autónomas que, sea en forma de capital riesgo o como simple participación, colocan dinero público en empresas privadas: la posibilidad de que la prevista retirada del capital no pueda hacerse a tiempo y se genere una red de empresas semipúblicas autonómicas, una suerte de INIS regionales, cuyo peso podría ser, según los expertos, funesto para las autonomías.