Un largo proceso iniciado con el Gobierno de UCD

El proceso hasta la regularización de la televisión privada en España ha tenido dos etapas claramente diferenciadas: la del Gobierno de la UCD, que preparó su regulación pero no pudo ejecutarla, y la del Gobierno socialista, que iba aprobado un anteproyecto de ley, que debe aprobarse en las Cortes en la actual legislatura.

Durante el mandato de Adolfo Suárez, la regulación de la televisión privada ni era una cuestión urgente ni se incluyó en el programa de desarrollo de la Constitución. En septiembre de 1979 se aprobó el Estatuto de RTVE, que en su artículo primero establecía que "la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado".

Con la llegada al Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, el ministro de la Presidencia, Pío Cabanillas, presentó un proyecto de autonzación de empresas -privadas de televisión, fórmula jurídica a la que se opusieron varios ministros del Gabinete. En septiembre de 1981, el Consejo de Estado elaboró un dictamen favorable a la vía del decreto gubernamental. La iniciativa de Cabanillas fue asumida por su sucesor, Matías Rodríguez Inciarte.

El Tribunal Constitucional, en dos sentencias, de marzo y diciembre de 1982, respecto de un recurso presentado por la cadena radiofónica Antena 3, creó el marco jurídico para la regulación de la televisión privada. Pocos días después del fallo del alto tribunal el Gobierno remitió al Parlamento un proyecto de ley orgánica, sobre el ejercicio de la libertad de expresión a través de la radiodifusión y la televisión, y otro proyecto de ley ordinaria por el que se regulaba la gestión indirecta del servicio publico de radiodifusión y televisión.

Disolución de Cámaras

El PSOE, que desde la oposición mantenía a ultranza la defensa del monopolio estatal, se pronunció a favor de una sola ley orgánica para la regulación de esta materia. Los dos proyectos de ley se publicaron el 14 de mayo de 1982 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y se acordó su tramitación conjunta en la Comisión Constitucional. La disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales paralizaron estos proyectos de ley.Tras la victoria electoral de octubre de 1982, y una vez en el Gobiemo, el PSOE comenzó a variar sus posiciones en materia de televisión. En 1983 se aprobó la ley reguladora del Tercer Canal, con la que se abrió la puerta a las distintas autonomías y se legalizó la situación de las televisiones catalana y vasca, que estaban emitiendo sin el permiso correspondiente. En mayo de 1984, el presidente González manifestó ante el Congreso la intención de su Gobierno de autorizar la televisión privada antes de finalizar la legislatura.

En septiembre de 1985 Presidencia del Gobierno realizó el primer borrador de un proyecto regulador. Francisco Virseda, director general de Medios de Comunicación, anunció el pasado mes de enero que el anteproyecto de televisión privada se encontraba preparado para ser remitido al Consejo de Ministros y desde entonces su aprobación por el Gobierno ha ido posponiéndose hasta ayer.