El Gobierno aprueba el proyecto de ley que autoriza la existencia de tres canales privados de televisión

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley por el que se autoriza y regula, por primera vez en España, el funcionamiento de la televisión privada. El Gobierno ha autorizado la existencia de tres canales, que deberán emitir tanto para el conjunto de España como para "cada zona territorial o local -que pueden agrupar a más de una comunidad autónoma-, que definirá el plan técnico nacional", elaborado por el Instituto Nacional de Televisión Privada, creado por el proyecto de ley aprobado ayer.

Los futuros canales privados de televisión, según el proyecto, deberán emitir un mínimo del 40% de programas de producción propia, no podrán difundir más de 10 minutos de espacios publicitarios por cada hora y el 50% de las películas que pongan en antena deberán de ser de producción española o de países de la CE.Tras la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, previsiblemente por el procedimiento de urgencia, y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno presentará un plan técnico nacional, para a continuación convocar un concurso público con el pliego de condiciones que deberán reunir las empresas privadas solicitantes de un canal. Los "criterios preferentes" para la adjudicación de la concesión serán "la viabilidad técnica y económica del proyecto de cada empresa, el proyecto de programación de cobertura nacional y territorial y la capacidad para atender las demandas del público", según el portavoz del Gobierno, Javier Solana.

Solana, afirmó a EL PAÍS tras la conferencia de prensa posterior al Consejo de ministros, que, en cualquier caso, las empresas que soliciten una concesión administrativa para emitir por televisión deberán estar al corriente de sus pagos a la Seguridad Social. Solana manifestó públicamente que "la voluntad del Gobierno es que las concesiones de los canales puedan ser realizadas antes de las próximas elecciones legislativas, pero el que esto suceda así no depende exclusivamente del Gobierno".

Las autorizaciones para la emisión serán realizadas por el Gobierno, tendrán una vigencia de 10 años y podrán ser renovadas sucesivamente, sin límite de prórrogas. Entré las causas previstas por el proyecto de ley para la suspensión de la concesión figura el no haber iniciado las emisiones en el plazo que sea establecido, además de otras de carácter general como la suspensión de pagos, la quiebra o la pérdida de personalidad jurídica de la empresa, que deberá ser configurada como sociedad anónima.

Capital español y europeo

Las empresas solicitantes de una concesión deberán tener capital español y la presencia de capital procedente de paísesde la Comunidad Europea no tendrá ninguna limitación ya que España no firmó ninguna cláusula de salvaguardia a este respecto al suscribir el Tratado de adhesión, el cual permite la libre circulación de capitales por la CE. El Gobierno exige en el proyecto de ley a las empresas interesadas en la obtención de un canal de televisión que emitan un mínimo de 4 horas durante cada uno de los días de la semana y que al menos el 40% de su programación sea de producción propia. Esta segunda condición no será exigida, no obstante, desde el primer día de emisión, según precisaron a este diario fuentes gubernamentales. Las emisoras dispondrán de tres años para llegar al porcentaje de producción propia impuesto -con carácter, general- por el Gobierno, que permitirá qué entre tanto se produzca un acercamiento escalonado. En el proyecto del Gobierno se exige, además, que el 50% de las peliculas que emitan las emisoras privadas sean de producción o de países de la CE.El proyecto de ley, que en la redacción estudiada ayer por el Consejo de Ministros constaba de 22 artículos, establece que la publicidad emitida por los canales privados de televisión no podrá superar el 10% del tiempo de programación semanal ni los 10 minutos en cada hora de emisión. El número máximo de spots publicitarios por hora será de cuatro. Televisión Española tiene un límite de ocho minutos por cada hora de emisión, de los cuales sólo utiliza, como media, cuatro, según manifestó a este periódico el director general de RTVE, José María Calviño.

El Gobierno crea en el proyecto de ley un Instituto Nacional para la televisión privada, "como intermediario entre los titulares de las redes de transmisión de la señal y los de las concesiones", en expresión de Javier Solana, que será un organismo autónomo encargado de facilitar las condiciones técnicas de funcionamiento de las emisoras privadas de televisión.

Emisiones territoriales

Este instituto, que dependerá probablemente del Ministerio de Trasportes y cuyos miembros serán elegidos por el Gobierno, asesorará al ejecutivo y elaborará el Plan Técnico Nacional, el cual, entre otras carcaterísticas, deberá definir las áreas territoriales sobre las que se realizarán las emisiones regionalizadas. Dichas áreas no reproducirán el mapa autonómico español sino que agruparán a varias comunidades autónomas, según fuentes gubernamentales, que subrayaron las dificultades orógraficas de la geografía española para la recepción de las señalas de televisión.En todo caso, el plan técnico se encuentra muy avanzado ya que "ha sido necesario hacer numerosos estudios técnicos para llegar a la certeza de que era posible el funcionamiento de tres canales más de televisión", precisaron fuentes gubernamentales.

El proyecto de ley aprobado ayer por el Gobierno no determina cuál debe ser el soporte material de las emisiones de la televisión privada, en un intento de dejar abiertas las puertas a la utilización en un futuro de cable de fibra óptica y de un satélite de comunicaciones, a través de la Compañía Telefónica.

En estos momentos, la previsión del Gobierno es "optimizar" la red terrestre de Radiotelevisión Española, lo cual exigirá una inversión de varios miles de millones.

Javier Solana rehuyó ayer precisar en qué fecha, a juicio del Gobierno, puede entrar en funcionamiento la televisión privada, "dado que es muy difícil calcular con qué celeridad se pueden desarrollar algunos procesos a los que es ajeno" el Gabinete. El Instituto Nacional para la televisión privada será también el encargado de fijar las tarifas que deberán pagar las emisoras por el uso de la red de transmisión, de titularidad pública.

Por otra parte, el Consejo de Ministros nombró director del Instituto Nacional de Estadística a Javier Ruiz Castillo.