Descontrol administrativo de los miles de 'puticlubs' de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid no conoce el número de los miles de puticlubs (locales donde se practica la explotación de la prostitución, prohibida por el Código Penal) que existen en la ciudad y ejercen su función carentes de control oficial, ni tampoco el Gobierno de la comunidad autónoma respecto a los de la región madrileña. Tal descontrol alcanza también a la Administración central. Prácticamente sólo en casos de denuncias concretas se actúa contra dichos establecimientos, que componen una vasta red donde se producen irregularidades poco perseguidas o toleradas.

Ningún servicio de la Administración local, regional o central controla los miles de establecimientos comerciales conocidos popularmente como puticlubs que existen en Madrid ciudad y región, en los que se practica la explotación de la prostitución, delito tipificado por el Código Penal. La despenalización de la prostitución -con la derogación de la ley de Peligrosidad Social-, a la par que el mantenimiento de la prohibición de su favorecimiento y explotación comercial, ha influido en el aumento de la presencia de prostitutas en las calles, donde ajustan una transacción que se ejecutará en el domicilio propio de la mujer o -ya de forma ilegal- en hoteles o apartamentos habilitados como prostíbulos.El puticlub, establecimiento de muy diversas características, suele estar legalizado -si lo está- como bar o bar especial. En los registros oficiales se confunden con diversos establecimieritos hosteleros, de forma que su clasificación, cuantificación, distribución geográfica y actividad quedan fuera del control administrativo. Algunos se utilizan como plataforma de negociación y otros disponen de dependencias -pequeños reservados o habitaciones con cama- donde se practica la prostitución con devengo de amplio porcentaje para la casa por la explotación del servicio. Alcaldes, Guardia Civil y policía conocen su existencia y sospechan su actividad.

Un portavoz de la oficina del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid indica que en este organismo se reciben frecuentes quejas de vecinos sobre "el espectáculo de la prostitución" en algunos barrios, "pero no es posible evitarlo, pues no es delito". Sobre la explotación de esta vieja profesión remite a las fuerzas de seguridad. Fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía de Madrid afirman que "este delito se persigue cuando hay pruebas, pero es muy difícil obtenerlas en los locales y en las personas que la practican pues las víctimas suelen negarlo aun en casos en que previamente lo han denunciado". La misma fuente añade que "la situación social es confusa, pues hasta los medios de prensa escritos actúan como intermediarios de esta explotación o del posible favorecimiento de la prostitución a través de anuncios".

Las diligencias policiales efectuadas al respecto durante 1985 y el año en curso no están cuantificadas por incluirse dentro de un amplio apartado de diversos delitos de índole sexual, según fuentes policiales, las cuales, no obstante, señalan que "se han producido varias detenciones y cierres de hostales y otros establecimientos por esta causa en los últimos meses. El gabinete de prensa de la Guardia Civil ha pospuesto su respuesta en torno a la aparente tolerancia de este delito, especialmente en locales afincados a pie de carretera en numerosos municipios.

Según diversas fuentes oficiales consultadas, tales establecimientos son, para los ayuntamientos, meros locales con licencia de bar; para el Gobierno regional, locales turísticos de los que únicamente se hace un seguimiento de precios; para la Administración central, objetos fiscales que, como signo de máxima identificación, algunos son tipificados como bares especiales, única distinción de esos otros bares de calamares y vino.

En el Ayuntamiento de Madrid son las juntas municipales las que expiden las licencias de apertura de estos bares. No hay cómputo centralizado. En la junta de Centro -uno de los distritos, más nutridos en este aspecto- hay registrados unos 3.000 bares, de los que unos 1.500 son de características en las que "cabría incluir a los sospechosos de explotar la prostitución, aunque en número imprecisable", según Domingo Villena, jefe del servicio de licencias de obras.

Adolfo Fernández Marugán, del servicio de consumo de la Cornunidad de Madrid, apunta que "es muy difícil hacer una inspección de las barras americanas o comercios parecidos porque no están clasificados, pero sus índices deben ser semejantes a los de una campaña inspectora hecha dos años atrás en discotecas y similares, que reflejó una ínfima calidad en las bebidas".