De nuevo, el petróleo

COMO ERA previsible, la reunión de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Ginebra y la posterior entre países de la OPEP y otros, productores de petróleo no pertenecientes a la organízación han terminado momentáneamente, sin acuerdo. La búsqueda de lo que los países de la OPEP llaman una "cuota justa" de mercado se hace cada vez más difícil porque va contra las propias reglas del mercado. Si el cártel de productores funcionó durante los primeros años de su constitución fue porque no había posibilidades alternativas, y más adelante, cuando éstas existieron (México, África, mar del Norte), fue la decisión de Arabia Saudí de disminuir su producción la que permitió que funcionara. Ahora, tras la decisión de este último país de aumentar su producción hasta un nivel aceptable para sus propios intereses, el acuerdo anterior se ha venido abajo, y con él, los precios del petróleo en todo el mundo. Lo que parece claro después de la suspensión de la reunión de Ginebra es que, a corto plazo, los precios del petróleo permanecerán bajos. El tiempo dirá si la OPEP puede, cuando se reúna de nuevo el 15 de abril, cambiar esta tendencia, aunque parece difícil que lo consiga dada la intensidad de sus disputas internas.Para España, esta situación tiene más ventajas que inconvenientes. Cada dólar de bajada del precio del barril de petróleo representa un ahorro de casi 4.000 millones de pesetas; y, por consiguiente, una oportunidad adicional de crecimiento. En el lado negativo hay que contemplar la previsible caída de exportaciones hacia los países productores de petróleo, que tienen ahora que poner en práctica drásticos programas de ajuste. Uno de ellos, con el que hemos tenido unas relaciones comerciales particularmente agitadas en los últimos tiempos, es Argelia. El contrato para el suministro de gas firmado en 1975 con este país obligaba a retirar unas cantidades de este producto muy superiores a la capacidad española de absorción. La firma del acuerdo formaba parte de un ambicioso plan que preveía la construcción de una red de gasoductos que debía permitir elevar el consumo de gas natural hasta la media europea. La red, sin embargo, no se construyó y, como consecuencia, hubo que renegociar el contrato original en condiciones difíciles, puesto que una de sus cláusulas estipulaba que el gas había que pagarlo incluso si no se retiraba. Las negociaciones han durado años, y el azar ha querido que, al poco tiempo de su conclusión, la caída del precio del petróleo y de sus derivados replantee de nuevo el problema.

Esta evolución ilustra las dificultades y los riesgos de la intervención exclusiva del Estado en asuntos que en principio deberían contar con un grado de participación bastante mayor de las empresas, privadas o públicas. Al ser el Estado el que interviene directamente, la rigidez en la negociación es mayor y las posibilidades de retorsión por parte de los países productores de petróleo se ve singularmente acrecentada. En España hemos padecido las consecuencias de esta situación durante largos años, puesto que más de la mitad de nuestras compras de crudo se realizaban a través de la llamada cuota de comercio, negociada directamente por el Estado. Actualmente, la cuota se ha reducido sustancialmente y nuestros precios de compra están en línea con los del resto de los países consumidores. Lo cual no quiere decir que el Estado deba desentenderse de estos problemas. En otros países intervienen presidentes y primeros ministros para obtener condiciones favorables de adquisición, pero estas intervenciones permanecen en el nivel estrictamente político; tras ellas son las empresas interesadas las que firman los contratos. Las empresas privadas pueden aparecer y retirarse de los mercados con bastante mayor facilidad que las públicas, y éstas, a su vez, más fácilmente que los organismos administrativos. A veces, la propia intervención pública crea situaciones de difícil justificación: la protección de la cuenta de resultados de la empresa pública Hispanoil ha llevado al mantenimiento de un precio artificialmente elevado del petróleo producido en España y del importado de Dubai. La justificación de esta actitud ha querido verse en la necesidad que esta empresa tiene de dedicar cantidades importantes de recursos a una actividad tan arriesgada como la exploración energética. Pero esta subvención encubierta no tiene sentido en un momento en el que, por el contrario, lo que se busca es una mayor transparencia de las cuentas públicas. La reciente decisión del Consejo de Ministros de reducir el precio del llamado petróleo interior es un paso en esta dirección al que lo único que cabe objetar es que haya tardado tanto.