Un alto cargo de Interior, procesado por presunta prevaricación cometida cuando era jefe de Policía en Bilbao

El director del Gabinete de Información y Operaciones Especiales del Ministerio del Interior, Francisco Alvarez Sánchez, de 41 años, ha sido procesado por la Audiencia Provincial de Bilbao por presunta prevaricación, consistente en ocultar un atestado policial por supuestos malos tratos a un detenido en febrero de 1983, durante su etapa de jefe superior de Policía de Bilbao.

Según la resolución judicial, el atestado levantado por un cabo primero de la Policía Nacional no fue remitido por Álvarez al juzgado de guardia, adonde sólo llegó varios meses después desde Madrid, tras enviarlo la inspección general de la Policía Nacional al Fiscal General del Estado y éste a la autoridad judicial.El auto de procesamiento, dictado el pasado 12 de marzo por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, decreta la libertad provisional de Francisco Álvarez, quien queda obligado a comunicar a la autoridad judicial las ausencias de su domicilio habitual. Contra esta resolución cabe recurso en súplica ante, el propio tribunal que la dictó.

Aunque la libertad del procesado es sin fianza, la Sala establece la prestación de una fianza de 75.000 pesetas para el aseguramiento de las costas procesales. El auto ha sido comunicado al procesado y al ministro del Interior y notificado a la fiscalía de Bilbao el pasado 14 de marzo.

Los hechos que dieron origen al procesamiento del actual alto cargo de Interior se produjeron apenas dos meses después de que Francisco Álvarez tomara posesión de su cargo de jefe superior de policía de Bilbao y coordinador del Mando único para la Lucha Contraterrorista en el País Vasco. En el acto de toma de posesión, celebrada el 29 de diciembre de 1982 -dos meses después de la victoria electoral del PSOE-, Álvarez afirmó que cumpliría sus funciones con un "escrupuloso respeto a la Constitución".

El 23 de febrero de 1983, el cabo primero de la Policía Nacional Felipe Delgado Casado levantó un atestado policial en el que denunciaba supuestos malos tratos al detenido por presunta delincuencia común, Fernando Serna Pedraza. Presentó el atestado ante el inspector de guardia, quien no pareció estar muy de acuerdo con su tramitación y al parecer rompió el papel en el que figuraba el atestado. Este dato no ha podido ser comprobado por la autoridad judicial. El policía nacional presentó el atestado al entonces jefe superior de policía de Bilbao pegado con cinta adhesiva. Francisco Álvarez, en lugar de hacerlo llegar al juzgado de guardia, lo archivó.

El atestado viajó a Madrid

Según el auto de procesamiento, el atestado policial sólo llegó el juzgado de guardia de Bilbao el 9 de mayo de 1983, tras seguir el siguiente itinerario: remisión al inspector general de la Policía Nacional, con sede en Madrid, de donde pasó al Ministerio Fiscal, que lo envió al juzgado de guardia, para que se investigaran tanto los presuntos malos tratos como la posible omisión del deber de denuncia.En cuanto a los supuestos malos tratos, el afectado se negó a practicar la diligencia de reconocimiento en rueda, por lo que no pudo proseguirse la investigación. En cambio, sí pudo investigarse la actitud policial en relación con el atestado. Como consecuencia de esta investigación, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao ha estimado que existen indicios racionales de que Francisco Álvarez cometió el delito de prevaricación tipificado en el artículo 359 del Código Penal ("el funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare maliciosamente de promover la persecución y castigo de los delincuentes, incurrirá en la pena de inhabilitación especial).

Francisco Álvarez ingresó en la policía en 1966, a los 22 años. La mayor parte de su carrera profesional la hizo en Barcelona. Pidió la excedencia para ocupar durante unos meses el puesto de jefe de seguridad del Banco de Navarra. En 1981 era comisario en Bilbao y en 1982, tras la llegada al poder de los. socialistas, colaboró con el entonces gobernador civil de Vizcaya, Julián San Cristóbal, quien, al pasar en 1984 a director de la Seguridad del Estado, le nombró director del Gabinete de Información y Operaciones Especiales, en sustitución del teniente coronel de la Guardia Civil Guillermo Ostos.