El Parlamento vasco reclama las transferencias para la administración de justicia

El Parlamento vasco aprobó ayer una proposición no de ley por la que se demanda al Gobierno central la realización de transferencias en materia de administración de justicia "en los términos que se desprenden del estatuto de autonomía", al mismo tiempo que denuncia "la situación insostenible" por la que atraviesa la Administración de justicia en el País Vasco. Por este motivo, los ahogados de Euskadi han convocado una huelga para los próximos días 18, 19 y 20 de marzo. Durante la jornada de ayer, cuatro miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se entrevistaron con abogados laboralistas de Guipúzcoa para dar a conocer las nuevas medidas que se han tomado para resolver la crisis judicial en Euskadi.

La proposición no de ley presentada en la Cámara vasca por el PNV y defendida por el consejero de Presidencia y de Justicia del Gobierno vasco, Juan Ramón Guevara, fue aprobada con los votos de los partidos PNV, Euskadiko Ezkerra y Coalición Popular. El grupo socialista había presentado una enmienda a la totalidad, que fue rechazada.En el texto aprobado se denuncia "la situación existente en la administración de justicia de nuestra comunidad y las gravísimas deficiencias de medios personales materiales que han ocasionado una situación insostenible". De otro lado, se insta al Gobierno central a "la urgente adopción de medidas para un servicio adecuado y eficaz a los ciudadanos". Y, finalmente, se demanda la realización de las transferencias en materia de justicia y "en los términos que se desprende del estatuto, no sólo de gestión, sino personales, económicos y materiales".

Fernando Buesa, del PSE-PSOE, consideró, por su parte, que la situación del País Vasco es precaria, pero, declaró, "la responsabilidad comprende a tres partes en lugar de, como entienden los nacionalistas, al Gobierno central. De un lado, al Consejo General del Poder Judicial; de otro, al Ministerio de Justicia, y, también, al Gobierno vasco, que, por un prurito de discutir las competencias, no puede hacer una política de lavarse las manos".

El pasado 2 de octubre, el Gobierno vasco presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial. La línea fundamental del recurso se basó en que la interpretación literal del artículo 149,15 de la Constitución, que establece competencia exclusiva al Estado sobre administración de justicia, entraba en contradicción -según el Ejecutivo vasco- con las atribuciones que en esta materia contempla el estatuto de autonomía, en los artículos 13, 31, 34 y 35.

En ellos se prevé la provisión de medios materiales y económicos a la comunidad autónoma y la competencia y organización del poder judicial cuando actúa en la propia comunidad del País Vasco. Otra de las motivaciones del recurso se centraba en que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye la regulación de los conflictos al Tribunal Supremo, lo que, para el Gobierno vasco, debiera ser asumido por el Tribunal Superior de Justicia.

Dedicación exclusiva

Las medidas urgentes que adoptaron el jueves el Ministerio de Justicia y el CGPJ para afrontar el retraso acumulado en algunos órganos judiciales vascos son, entre otras, el traslado a esta comunidad de magistrados que actuarán en régimen de comisión de servicios, con dedicación exclusiva, en las salas de lo civil y lo contencioso de la Audiencia Territorial de Bilbao y los juzgados de Guernica y Baracaldo (Vizcaya) y de Vergara (Guipúzcoa), por lo que se les asignará una retribución especial.Este tema fue objeto de la conversación mantenida durante la mañana de ayer, en San Sebatián, entre cuatro representantes del CGPJ y abogados laboralistas de Guipúzcoa, que, al igual que los de Vizcaya, se pusieron en huelga a finales del mes pasado por la situación de la justicia en Euskadi. Los próximos días 18, 19 y 20 se ha convocado un paro, que afectará a todos los abogados de la comunidad autónoma vasca, para denunciar esta crisis. Durante el pasado año 1985 quedaron 53.906 expedientes sin resolver. Y en esta comunidad autónoma está la proporción más grande entre jueces y habitantes, uno por cada 28.000, frente al uno por cada 18.600 en el Estado.