Dueños de la tierra de sus amos

Azadones o incluso escopetas de caza han sido armas de uso habitual entre agricultores valencianos que defendían sus tierras o el agua con que regarlas. Blasco Ibáñez retrató hechos como éstos en alguna de sus novelas y todavía están frescas las imágenes televisivas de La barraca, donde al tío Barret, nuevo usuario de unas tierras de las que había sido desalojado un arrendatario, le hacen la vida imposible todos sus vecinos. Esa es la ley de la huerta.

Nadie puede entrar en un terreno de donde es echado un arrendatario. Tampoco se puede desalojar a un agricultor así como así. Y es éste el único que, llegando a un acuerdo con su propietario, puede acceder a la propiedad o ceder sus derechos para siempre. Lo contrario se castiga.Esto no es sólo historia. Sigue ocurriendo. El último intento de desahucio ocurría esta misma semana, sin violencias, en Almàssera, un pueblo de unos 5.000 habitantes a escasos kilómetros de Valencia, en plena huerta. Dos arrendatarios, Vicent Montañana y Enric Tercero, eran los afectados por unas sentencias dictadas hace ahora 10 años y que no habían podido ejecutarse hasta ahora. Montañana, según la justicia, había perdido sus derechos; por no haber heredado el arriendo de su padre, sino de su abuelo. Tercero sufría las consecuencias de una situación similar.

Otra ley no escrita, dice que si el propietario quiere vender su terreno ha de ofrecerlo en primer lugar y a mitad de precio a su arrendatario. Si pretende recuperar su uso, es al revés: habrá de abonar al usuario la mitad del valor de la propiedad, para adquirir plenos derechos sobre ella. En Almàssera la negociación -no sirvió para alcanzar acuerdo alguno. El arrendatario estaba dispuesto a pagar 550.000 pesetas por hanegada (medida valenciana de superficie que equivale a unos 830 metros cuadrados) -el terreno en cuestión tiene cuatro- para comprarlo. El arrendador pedía 800.000 pesetas para vender. Con tan alta valoración del terreno, el arrendatario prefería vender y no comprar, a lo que se negó el dueño. Las negociaciones se rompieron. Ocurría esto hace unas seis semanas, y el juzgado comunicó que el desahucio sería el viernes pasado.

Todos a una

La reacción no se hizo esperar. Llegado el día, dos centenares de agricultores, arrendatarios en su mayoría, venidos de todos los pueblos vecinos, esperaron la llegada del agente judicial encargado de consumar el desahucio. El agente, por exhorto, era el mismo secretario del juzgado de paz del municipio, que ya había adelantado, conocedor de lo que se avecinaba, que no ejecutaría el mandato. Así fue. Sin violencias, aunque con firmeza, el arrendatario se negó a dejarle pasar: un cordón humano cercaba la propiedad e impedía el acceso al campo de alcachofas a quienquiera que trajera intención de hacer cumplir la sentencia.En pie quedó ese día la amenaza de Vicent Montañana: "No nos quitarán la tierra. Quienes han hecho las leyes no tuvieron en cuenta a los valencianos y fueron los verdugos de los agricultores de esta tierra. Y quienes las aplican, empezando por los abogados y acabando por los jueces, son todos terratenientes que quieren que la tierra siga siendo de unos pocos". Y unas palabras dirigidas a quienes pretendieron ocupar su tierra y se marcharon sin conseguirlo e ilesos. "Ésos se han ido demasiado ligeros, teníamos que haberles dejado bien servidos".

Montañana aún no ha conseguido la propiedad de la tierra que trabaja, algo que ha estado en los últimos años al alcance de algunos cientos de arrendatarios, de las comarcas de la Plana, l'Horta y la Marina, donde entre 10.000 y 11.000 familias viven del rendimiento que obtienen de terrenos arrendados a unas decenas de propietarios, herederos de la burguesía que consiguió tierras de la Iglesia y la nobleza tras la desamortización de Mendizábal, en el siglo pasado.