Las nuevas medidas, un paso más

El Gobierno español ha decidido adoptar algunas medidas que tratan de incorporar a nuestra economía la estrategia de aprovechar las nuevas circunstancias derivadas de la caída del precio del petróleo y el descenso de la cotización del dólar. Para el autor de este artículo, esta actitud parece adecuada cuando la gran atención que en estos momentos se presta a temas polítícos podía haber determinado que se dejase pasar la oportunidad de rentabilizar una situación que, bien asimilada y manejada, debe tener efectos beneficiosos sobre el crecimiento del producto interior bruto, la inversión y el empleo, la competitividad de las empresas y el descenso de la inflación y del déficit del sector público.Las medidas anunciadas por el ministro de Economía y Hacienda y asumidas por el Gobierno en la última reunión del Consejo de Ministros pueden dividirse en tres grupos, si atendemos a los períodos señalados para su ejecución.

En el primero de ellos figuran las referentes a algunos precios fijados por el Estado, que han en trado en vigor de forma inmediata, con las modificaciones a la baja en las tarifas de todos los carburantes, acompañadas por las elevaciones en las de la electricidad y el carbón para usos térmicos.

En el segundo grupo se inscriben las de estímulo a la inversión por vía financiera y fiscal, o mediante la supresión de obstáculos burocráticos, que tendrán que ver culminada su elaboración antes de alcanzar efectividad.

Mercado de trabajo

Y en el tercero aparecen las que están condicionadas al cumplimiento de determinados objetivos, como la disminución de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, o las que quedan reducidas a simples recomendaciones, al inhibirse la Administración de dictar normas; es el caso de las que afectan especialmente al mercado de trabajo.Las disposiciones ya adoptadas sobre precios de productos derivados del petróleo pueden considerarse correctas. El ahorro esperable en la factura de las importaciones se reparte entre el Estado y los consumidores; de forma equilibrada para ambas partes según los representantes de la Administración y con apreciable ventaja a favor de las arcas públicas según otras estimaciones. Pero lo más positivo reside, en mi opinión, en el hecho de que esta vez se ha aplicado la reducción porcentual más importante a los combustibles que, como el fuelóleo, inciden de forma muy directa en los costes de producción de las instalaciones industriales. Puede tener mayor aceptación popular la bajada de precio de la gasolina, por ejemplo, pero es más conveniente para la economía que las empresas ganen competitividad.

Las medidas del segundo grupo consisten, por ahora, en una declaración de intenciones del Gobierno, con señalamiento de plazos en algunos apartados, que está dispuesto a emprender el cauce normativo mediante el cual se agilice el establecimiento de los fondos de pensiones, se promuevan las inversiones en capital-riesgo, se regule de manera más favorable al inversor la tributación de las plusvalías y se suavice el impuesto sobre sucesión. También se suprimirán obstáculos residuales a inversiones extranjeras y, reaccionando a las censuras formuladas desde medios empresariales, se eliminan trabas administrativas a la creación de sociedades.

Una mayor libertad

La opinión en torno a medidas de este género ha de ser forzosamente positiva, ya que se encuentra en la línea de flexibilización y liberalización que venimos propugnando sistemáticamente y que ha sido expresada en los últimos documentos sobre política económica emitidos por el Círculo de Empresarios. Así, y por no remontarnos demasiado lejos en el tiempo, en el mes de febrero de 1985 se indicaba que se hacía preciso en ella "un cambio radical en lo que atañe a la actitud auténticamente liberalizadora por parte del Estado"; en el comentario sobre el programa de medidas anunciado el 30 de abril del pasado año por el Gobierno se juzgaba éstas como "en la buena dirección, por tímidas e insuficientes para lograr la flexibilización que necesita nuestra economía"; y finalmente el pasado 25 de noviembre se señalaba que "lo único que se pide los poderes públicos es un mayo grado de libertad para poder competir con empresas que operan en medios más liberalizados que el nuestro".A reserva de comprobar hasta dónde se llega en el desarrollo de los enunciados liberalizadores que ahora se formulan, cabe pedir que la instrumentación de las medida se haga con rapidez y se eviten demoras como las ocurridas con alguna de las previstas del pasado año, que sirvieron para desvirtuar contenidos y restar eficacia a lo previsto en el momento de su planteamiento inicial. Y cabe lamentar que no se haya encontrado el hueco necesario para avanzar en la flexibilización del mercado de trabajo, que presenta todavía uno de los grados de rigidez más acusados en el conjunto de la economía española.

En medio de este mejor clima, el déficit del sector público continúa siendo la magnitud que despierta mayor preocupación, a pesar de que la benéfica simbiosis del petróleo y el dólar a la baja sígnifique también una considerable ayuda para su reducción. Pero las previsiones apuntan a que se mantendrá durante el ejercicio actual en torno el 5% del PIB, y las circunstancias generales del país, en este año de elecciones, hacen qué sea el apartado que precisa una más atenta vigilancia, para que no se convierta en el capítulo negro dentro de unos resultados que es posible que al fin sean satisfactorios.

He aquí una opinión personal y de urgencia, ante el anuncio genérico de unas medidas sobre cuyo contenido concreto y desarrollo el Círculo de Empresarios emitirá, como es costumbre, opinión colectiva. Ojalá sea posible rectificar el tono de escepticismo con que encarábamos el ejercicio 1986, para lo cual no existe base suficiente por el momento.