La oportuna pacificación del conflicto autonómico

La fórmula definitiva de financiación de las comunidades autónomas, presuntamente aprobada por el Consejo de Ministros del 27 de diciembre pasado, continúa inédita y no ha sido negociada con los Gobiernos autonómicos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, organismo mixto Administración central-administraciones autonómicas, volvió a ser desconvocado el pasado martes. La Generalitat, que se mostraba indignada hace nueve meses por los retrasos e incumplimientos de la LOFCA y del Estatuto de Cataluña por parte del Gobierno central, y que incluso llegó a insinuar la denuncia de su estatuto de autonomía, guarda ahora un prudente silencio.

Las airadas protestas de Cataluña y Galicia, y la práctica rebelión de algunas autonomías con Gobierno socialista (Madrid, Valencia y Andalucia) se han diluido en lbs últimos meses, en el momento más propicio para presionar so bre un Gobierno central enfrascado en sacar adelante el referéndum de la OTAN. El Ministerio de Economía y Hacienda, que elaboró la presunta fórmula definitiva de financiación, no sólo no ha negociado con los gobiernos autonómicos dicha fórmula, sino que incluso ha visto como se anulaba desde otras instancias del Gobierno su convocatoria para el martes último del Consejo de Política Fiscal y Financiera.La precaria situación financiera de las comunidades autónomas, que a finales de 1985, se denunciaba como insostenible y explosiva (congelación de las dotaciones correspondientes de los Presupuestos Generales del Estado para 1986 e incumplimiento flagrante de la LOFCA en el porcentaje de participación en impuestos estatales), tampoco ha variado en los últimos meses.

Despachos de Guerra

Sólo la existencia de concesiones o compromisos de la Administración central con la Generalitat que no se han hecha públicos, puede explicar el copernicano cambio de postura de Cataluña que ha pasado de la beligerancia al silencio. Estos acuerdos, que se habrían concretado al margen del Consejo de Política Fiscal. y Financiera y sin presencia de representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, podrían haberse negociado en las entrevistas mantenidas por el presidente del Gobierno con el de la Generalitat, en otoño pasado, y en la del vicepresidente Alfonso Guerra con Macciá Alavedra y Josep María Cullell, los dos principales colaboradores de Pujol en sus relaciones institucionales con Madrid, hace quince días.El temor a que la Generalitat explotara políticamente los incumplimientos del Gobierno en materia de financiación autonómica coincidiendo con el amplio calendario electoral previsto para este año, expresados en documentos internos de la Administración, parecen haberse despejado en las últimas semanas. El gobierno catalán ha dejado pasar el sexto aniversario de su estatuto, que se cumplió en diciembre y que le permitía denunciarlo y solicitar su reforma, sin volver a esgrimír públicamente esta posibilidad. Ningún dirigente de la Generalitat ha vuelto a insinuar la denuncia del estatuto para salirse del sistema general de financiación autónomica y exigir un régimen excepcional de concierto económico como el que disfruta Euskadi.

La postura actual es todo lo contrario. La Generalitat no niega haber solicitado el aplazamiento del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado martes, que tan útil resulta al Gobierno, y ha llegado a declarar que esta demora, otrora odiosa e insufrible, les proporciona "más tiempo para preparar los documentos y las propuestas".

Madrid, Valencia y Andalucía, las tres autonomías socialistas respondonas (Joaquín Leguína llegó a declarar: "El Gobierno sigue siendo centralista y el Estado de las autonomías no es serio"), callan también ahora y evitan cualquier conflicto con la Administración que acreciente las sospechas sobre su falta de calor o su tibieza en la campaña, del PSOE a favor del sí a la OTAN.

La única protesta por el nuevo retraso en la negociación del sistema definitivo de financiación autonómica ha llegado de Galicia. El largo yaccidentado proceso de investidura del nuevo presidente de la Xunta y las maniobras del PSOE para desplazarlo y sustituirlo por su candidato ha impedido cualquier acuerdo, concesión o promesa, del Gobierno central que acallara sus denuncias.

Discrepancias

Las discrepancias entre el equipo del vicepresidente Guerra y Administración Territorial con el Ministerio de Economía y Hacienda sobre la conducción del sistema de autonomías, vigente desde la dimisión de José Víctor Sevilla como secretario de Estado de Hacienda, explican el incierto futuro de la fórmula de financiación definitiva supuestamente aprobada en Consejo de Ministros para cumplir el compromiso público expresado por Felipe Gonzalez, que en muchos aspectos ha quedado ya desfasada. La sustitución de algunos impuestos como consecuencia de la entrada en la CEE, el tiempo transcurrido y algunos acuerdos parciales con determinadas autonomías hacen inviable en muchos aspectos la citada fórmula elaborada en su día por Economía y Hacienda.El desconcierto y malestar entre algunos funcionarios de este ministerio encargados del tema autonómico por el rumbo que están tomando los acontecimientos (anulación del Consejo de Política Fiscal y Financiera que ellos presiden y convocan), y por la escasa información que reciben de los contactos de Vicepresidencia del Gobierno y del ministro de Administración Territorial con las comunidades, es patente.

A lo largo del último año y medio la situación ha variado sensiblemente. Hasta la crisis de Gobierno de julio pasado, Boyer impulsó el entendimiento con las comunidades autónomas para lograr el acuerdo definitivo sobre su financiación previsto en la LOFCA y en el Estatuto de Cataluña previamente al 1 de enero de 1986. Tuvieron lugar algunas reuniones y se avanzó algo en este sentido (se conoció, por ejemplo, el deseo de Cataluña de participar en la recaudación del impuesto sobre la renta).

Frente a esta tesis de Boyer aparecieron, tras su dimisión, posturas restrictivas por parte de Administración Territorial y Vicepresidencia del Gobierno, cuyo titular vio con preocupación la excesiva autonomía de los barones del PSOE, que, con la libertad que les otorgaban los presupuestos propios de sus comunidades autónomas, habían contestado algunas decisiones o directrices de Alfonso Guerra (conflictos con Rodríguez de la Borbolla, Joaquín Leguina o el valenciano Joan Lerma). La hipoteca de las comunidades autónomas a las subvenciones del Estado y la existencia de ventanillas en la Administración central para otorgar recursos a los Gobiernos regionales permite mucho mejor el control no sólo de la Generalitat de Cataluña o de la Xunta de Galicia, sino también de los Gobiernos socialistas de Andalucía, Madrid o Valencia.

La decisión final de convocar el referéndum de la OTAN y el inmediato calendario electoral posterior han vuelto a modificar, al menos transitoriamente, la estrategia de Vicepresidencia del Gobierno y de Administración, Territorial. Ambos departamentos han orillado a Economía y Hacienda en sus últimos contactos con las comunidades autónomas y se han mostrado muy dispuestos a llegar a acuerdos con las mismas. No se sabe qué se les ha ofrecido o qué se les ha prometido para acallar sus reivindicaciones, pero ha sido efectivo. Nadie ha vuelto a protestar por la prolongación de los incumplimientos legales por parte del Gobierno, por la congelación e insuficiencia de las dotaciones presupuestarias a los Gobiernos regionales o por los nuevos retrasos en la elaboración y negociación de un sistema definitivo de financiación de las autonomías.