El fiscal pide el procesamiento por cohecho de un funcionario del Juzgado número 2 de Alicante

La fiscalía ha solicitado el procesamiento del funcionario del Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante, Mariano Morales Torrejón, de 42 años, como presunto autor de varios delitos de cohecho. La petición de procesamiento se presentó ayer ante el juez especial, Alberto Facorro Alonso, designado para investigar la existencia de corrupción en la justicia alicantina, a raíz de unas declaraciones a la Prensa del fiscal Miguel Gutierrez Carbonell.La petición acordada por los fiscales que llevan las diligencias previas, el propio Miguel Gutiérrez y Francisco Goyena de la Mata, fiscal jefe de la audiencia, se hace en base al artículo 390 del Código Penal. Igualmente solicitan del juez la suspensión provisional de empleo para el funcionario Mariano Morales.

La decisión de los fiscales ha sido tomada después de haber recibido declaración al propio funcionario y a unos 20 procuradores de Alicante. La mayoría de los nombres de éstos aparecía en parte de los 363 documentos intervenidos semanas atrás por los fiscales al funcionario Mariano Morales. Los documentos se encontraban en su mesa de trabajo y unos 50 de ellos son una relación de presumibles recibos de cantidades que éste presuntamente cobró de forma ilegal por efectuar determinadas diligencias en los sumarios. Junto al tema del sumario y el nombre del procurador, figura, de su puño y letra o mecanografiada, una cantidad que correspondería a las dietas y salidas, cuyo cobro está prohibido por la ley desde el pasado mes de abril.

El funcionario cuyo procesamiento se solicita declaró a los fiscales que apuntaba estas cantidades para llevar el control de cuánto había dejado de percibir desde la promulgación del decreto sobre el autobús, contra el que tenía previsto interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Fuentes jurídicas dan escasa credibilidad al hecho, dado que este recurso debería haberlo presentado a los dos meses y, cuando ya han transcurrido diez meses, todavía no ha sido presentado.

El juez especial, Alberto Facorro, desestimó la pasada semana la solicitud de Francisco Zaragoza, abogado defensor del funcionario, de personarse en las diligencias previas a fin de ejercer la acción popular. El mismo abogado presentó el pasado día 17 una querella criminal indirectamente dirigida contra el fiscal Miguel Gutiérrez, pretendiendo hacerle responsable de un delito contra el prestigio de la administración de justicia y la honorabilidad de sus funcionarios si no probaba sus declaraciones a la Prensa. En su escrito, Zaragoza aseguraba que no existía tal corrupción y pedía que se determinasen las responsabilidades del autor de las manifestaciones a la Prensa.