El Gobierno aragonés pide datos a la CAZAR sobre jubilaciones para altos directivos

El Gobierno aragonés ha solicitado a la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAZAR) información detallada sobre el número de contratos millonarios de jubilación y las características de los mismos que han firmado o pretenden firmar altos directivos de dicha entidad. La Unión General de Trabajadores (UGT) denunció recientemente que altos cargos de la CAZAR pretendían firmar un contrato de jubilación en el que se asigna una anualidad por cada cinco años de servicio, más 45 días por año de permanencia en la empresa.

Este contrato habría sido ya firmado por seis altos directivos, según la UGT, y afectaría a un total de 10. El retiro de sólo cuatro de estos directivos puede representar casi 700 millones de pesetas: José Joaquín Sancho Dronda, director general, 187 millones de pesetas, y los directores generales adjuntos José María Royo Sinues, 259 millones de pesetas; Jaime Etayo, 161 millones de pesetas, y Juan Alfaro Ramos, 55 millones de pesetas.La UGT denunció dichos contratos a la consejería de Economía del Gobierno aragonés y anunció que emprenderá acciones legales cuando disponga de los datos que confirmen su existencia. Para este sindicato, la firma de los contratos es "un crimen social", confía en que sean declarados ilegales y ha formulado un llamamiento para que la asamblea general de la CAZAR, que se ha de celebrar el día 28, no los ratifique. La UGT entiende que se trata del precio que los actuales directivos de la caja van a poner al proceso de democratización de los órganos rectores de estas entidades de ahorro.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno aragonés, José Antonio Biescas, solicitó ayer a la CAZAR información precisa sobre el número y características de los contratos, así como de las consecuencias económicas que los mismos pueden tener para la entidad.

Tal petición se ampara en las competencias que el Ejecutivo autonómico tiene sobre las cajas de ahorro, si bien no podrá ejercer derecho de veto, pues aún no ha desarrollado el decreto que regula los órganos rectores de las cajas.

Nota de la CAZAR

Por otra parte, la única declaración de los directivos de la CAZAR ha sido a través de una nota publicitaria insertada en algunos periódicos locales. El escrito incluye algunas puntualizaciones "ante las informaciones aparecidas, que hacen referencia a unas supuestas y elevadas indemnizaciones pactadas por altos directivos de esta caja de ahorros". Se añade que "no existe régimen especial ni privilegio de ningún género para las pensiones de jubilación del personal directivo de esta caja, que están sujetas a los mismos términos establecidos para el resto del personal de la institución".La nota de la entidad recuerda la existencia de un decreto que re gula la relación laboral de carácter especial de alta dirección, que en estos contratos, "que por imperativos de esa disposición deben formularse, se han fijado unas indemnizaciones tan sólo para los supuestos de extinción de contratos de trabajo por voluntad de la empresa o por despido declarado improcedente".

"Estos contratos", continúa la nota, "guardan relación con la antigüedad en el servicio a la empresa [según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores] y en el desempeño del cargo directivo. Indemnizaciones que difieren notablemente de las cifras tan absurdamente disparatadas que se han venido publicando".