El equívoco y la chapuza

LA DISCUSIÓN sobre si el presidente del Gobierno se comprometió o no, durante el debate celebrado la semana pasada en el Congreso, a enviar a la Cámara el Plan Estratégico Conjunto (PEC) se ha instalado en el mismo centro de la campaña preparatoria del referéndum. El recalentamiento de nuestra vida pública favorece la posibilidad de que la objetividad y la imparcialidad precisas para establecer los hechos y pronunciar un juicio en este asunto sean sacrificadas en beneficio de las pasiones partidistas y electorales, pero también por culpa de las urgencias periodísticas. Los demonios de la polémica pueden cegar a unos y a otros hasta llevarles a la negación de la evidencia. Pero todo parece indicar que esa disputa descansa sobre un gigantesco equívoco -sostenido de buena fe tanto por Felipe González como por Manuel Fraga- en tomo a las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en el debate del Congreso y sobre unas sospechosas irregularidades -denunciadas por Alianza Popular e insuficientemente aclaradas por el presidente del Congreso, que pertenece al partido del Gobierno- en la transcripción de las palabras por los servicios de la Cámara.Televisión Española ofreció ayer el vídeo de la intervención del presidente, precedida de las palabras de Fraga a las que daba réplica y seguida de la dúplica del líder de Alianza Popular. Las frases pronunciadas por Felipe González en respuesta a la sugerencia de Fraga de una discusión parlamentaria (en pleno o en comisión, pública o secreta) sobre el PEC dejan amplio margen a interpretaciones contrapuestas. Del análisis de ese vídeo cabe concluir que Felipe González dijo una cosa (y la dijo de manera ambigua e imprecisa) y que Manuel Fraga -y con él muchas otras gentes, y la casi totalidad de los periodistas que cubrieron la información del debate- entendió otra bien distinta. Mientras el presidente del Gobierno incorporaba a su discurso la afirmación de que el PEC debería ser debatido en el Congreso entrecomillándola imaginariamente, en un tono impreciso, como una supuesta cita de Fraga, el dirigente de Alianza Popular creyó que González estaba anunciando la decisión de enviar ese documento reservado a la Cámara. El presidente, inmediatamente después de pronunciadas sus equívocas frases, señaló que no consideraba procedente que el debate en torno a la OTAN se entremezclara con una discusión sobre el PEC. A continuación, autorizó a Fraga, a quien el Gobierno había entregado en su día ese documento secreto, a citar, bajo su responsabilidad, las partes del PEC que pudieran incidir en el debate sobre la Alianza Atlántica. Sin embargo, Fraga, en su réplica, hizo explícita su conclusión de que las palabras del presidente equivalían al anuncio formal del próximo envío del PEC al Congreso. Y Felipe González, por las razones que fuesen, no rebatió esa interpretación. El enredo no concluye aquí. Porque el debate se cerró con el rechazo por el Grupo Parlamentario Socialista de una moción presentada por Alianza Popular para exigir al Gobierno el envío a la Cámara del documento reservado -lo que podría probar la decisión del presidente de no entregar ese documento secreto a las Cortes y la improcedencia, por tanto, de que minutos antes lo hubiera querido prometer-. Pero las sorpresas de esta comedia son inagotables. Martín Toval, portavoz de los socialistas, justificó el voto adverso de su grupo a esa propuesta con el argumento ambiguo de que el presidente del Gobierno se había referido ya al "posible conocimiento y debate" del PEC por el Congreso.

Hasta aquí, una manera razonable y económica de explicar tan barroco enredo sería atribuirlo a un gigantesco y lamentable equívoco, del que estaría ausente la mala fe. Felipe González dijo una cosa, pero Manuel Fraga y otros muchos entendieron otra, sin que el presidente y sus asesores tuvieran los reflejos necesarios para deshacer la confusión. Pero la historia sigue por derroteros extraños. Sucede que la polémica intervención de Felipe González en el Congreso no fue transcrita literalmente, sino que fue objeto de una mutilación (referida precisamente al debate en la Cámara del PEC) que alteraba su significado y restaba trascendencia al supuesto compromiso del presidente con el Parlamento. La oposición conservadora, que ha descubierto en la convocatoria del referéndum la esperada ocasión para hacer sangre en Felipe González, se encontró con un inesperado regalo. Porque la torpe respuesta del ministro de Defensa a la pregunta formulada por el diputado Verstrynge en torno al eventual envío por el Gobierno a las Cortes del PEC se basó precisamente en esa cita textual mutilada (Serra aseguró que no había dicho las palabras en la Cámara). A partir de ese momento era inevitable que todas las furias del averno se desataran. Alianza Popular señaló la inexactitud de la referencia y sobre esa base cierta construyó la teoría de una eventual maniobra fraudulenta orientada a borrar de los registros la intervención del presidente del Gobierno. La apelación al vídeo y el reconocimiento por la presidencia del Congreso de que se trataba de un error material restablecieron los hechos. Pero la oposición conservadora, con esa prueba en la mano, no renuncia a la interpretación según la cual González se comprometió primero a enviar el PEC al Congreso y se desdijo luego de su decisión, en tanto que sus compañeros de partido se dedicaban a borrar las huellas de esa incoherencia.

El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista han resuelto que la mejor defensa es un buen ataque y han acusado a la oposición conservadora de deslealtad y mala fe. También la presidencia del Congreso -en cuya mesa los socialistas son mayoritarios- se ha rasgado las vestiduras y ha protestado contra las insinuaciones o las acusaciones referidas a la posible existencia de dolo en el error material que mutiló la intervención de González. Hasta el momento las autoridades parlamentarias no han dado explicaciones suficientes sobre los orígenes de ese error ni sobre las personas responsables de que unas palabras del presidente del Gobierno se caigan en la transcripción taquigráfica. Las habituales maneras arrogantes de los dirigentes socialistas se han vuelto contra ellos con más fuerza que nunca. Los ciudadanos empiezan a cansarse de que las regañinas del poder sustituyan a las explicaciones de sus actos, máxime cuando nadie ha dado cuenta hasta ahora de las vicisitudes que llevaron a la inexacta transcripción de las palabras de Felipe González.

Cuando se despeje la borrasca -sólo las investigaciones sobre el origen del error material de transcripción permitirán determinar sus verdaderas dimensiones- habrá que volver sobre la cuestión de fondo. ¿En qué condiciones, bajo qué procedimientos y a través de qué mecanismos de seguridad debe conocer el Congreso documentos reservados y secretos como el Plan Estratégico Conjunto? ¿Aceptaría Alianza Popular, si fuera la fuerza mayoritaria en las Cortes Generales, el debate que ahora exige a los socialistas? ¿Qué sentido tiene que ese documento sea mostrado al líder de la oposición conservadora, pero no a los portavoces de otros grupos parlamentarios? ¿Qué piensan, de verdad, sobre estas cuestiones los partidos políticos con representación en las Cortes Generales? ¿Y cómo afecta el PEC, en poco o en mucho, a la operatividad de las Fuerzas Armadas españolas en relación con la OTAN?