Directivos de Industrias Sala, del grupo Rumasa, acusados de falsear pagos a Hacienda

Tres altos cargos de Industrias Sala, la última empresa textil propiedad personal de José María Ruiz-Mateos pendiente de reprivatización, prestaron declaración el viernes ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona, a consecuencia de una querella en la que se les acusa de falsificación de certificaciones de pago a Hacienda, apropiación indebida y delito social. Los presuntos delitos fueron cometidos durante los años 1980, 1981 y 1982. Los querellantes -23 trabajadores de la empresa-, acompañaron documentos originales al juzgado, consistentes en cartas de pago a Hacienda selladas por el Banco del Noroeste, del mismo holding Rumasa.Los pagos, sin embargo, nunca llegaron a realizarse efectivamente, según ha podido averiguarse en la Delegación de Hacienda de Barcelona. La presunta defraudación asciende a unos 400 millones de pesetas.

El firmante de los documentos, por parte de la empresa, es el director financiero de la misma, César Neira, que ostentaba el mismo cargo durante la época anterior a la expropiación. Los trabajadores se han querellado asimismo contra el director general, Salvador Serra y el administrador único, Joaquín Guilera. Los tres prestaron declaración el viernes, una vez admitida a trámite la querella. Los altos cargos argumentaron, al parecer, que ignoraban el hecho y que las cartas de pago les venían confeccionadas desde Madrid.

Privatizacion pendiente

Industrias Sala fue otorgada para su reprivatización por el Consejo de Ministros al grupo Levantina de Almacenes, en julio pasado, sin que la operación haya llegado todavía a materializarse, por lo que depende aún de la Dirección General del Patrimonio del Estado. La situación de deterioro por la que atraviesa la empresa, pendiente de un proyecto de viabilidad que, de momento, ha sido rechazado, ha conducido a la plantilla a diversas acciones de protesta y negociación con la Administración. Se trata de una de las primeras empresas del ramo del agua, con una plantilla en la actualidad de unos 230 trabajadores.La querella fue interpuesta a primeros de diciembre. En ella se afirma que la empresa estaba en posesión de las cartas de pago a la Hacienda Pública de varios períodos, en las que figuraba como efectivamente liquidado el importe del Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas, retenido a los trabajadores, mediante ingreso en una oficina del Banco del Noroeste.

La Dirección General del Patrimonio ratificó a los querellantes que, efectivamente, existe una falsificación en las cartas de pago. Se da la circunstancia, según fuentes laborales, de que los períodos de cotización figuraban asimismo ,como pagados en la Delegación, de Hacienda de Barcelona y habían sido archivados como tales. Según las mismas fuentes, se considera imprescindible la intervención de algún funcionario de Hacienda para lograr el archivo de cantidades pendientes de pago.