El fiscal pide que se archive la causa contra 12 acusados por la colza
El fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado el archivo de las actuaciones y retirada de la acusación para 12 de los 41 procesados en el sumarlo de la colza. La petición del fiscal, que ha sorprendido en medios de la acusación particular, aparece en el escrito en que da su conformidad a la conclusión de¡ sumario, dictada por el juez instructor, Alfonso Barcala, el pasado 16 de septiembre de 1985.
Los 12 procesados que en opinión del representante del ministerio, público no han cometido delito alguno son: Jesús Portillo Orgaz, Antonio Aguado Flores, José Luis Garrote Rojas, Manuel Franco Pellicer, Vicente Villalba Prats, Manuel Guillén Enríquez, Antonio Gallego Jurado, Ramón Surra Ochoa, Fernando Bau Carpí, Pedro Sans Xifre, Andrés Eloy Muro Benayas y Juan Moreno Anaya. Todos ellos, como el resto de los procesados, se encuentran actualmente en libertad provisional. Dos de estos últimos se encuentran huídos.Fuentes de las acusaciones particulares han calificado de "muy grave" la decisión del fiscal, especialmente en el caso de los procesados Portillo y Aguado. Algunos afectados por el envenenamiento aseguran que sólo consumieron aceite distribuido por el almacén de éstos.
Tras la primera conclusión del sumario dictada por el juez Alfonso Barcala en noviembre de 1983, el fiscal ya solicitó el sobreseimiento para Portillo, Aguado y Garrote. Sin embargo, la Audiencia Nacional confirmó los procesamientos de los tres y ordenó los de otros nueve industriales y químicos del aceite.
Por otra parte, ha sido elevada a sumario por el juez instructor, Ismael Moreno Chamorro, la causa contra 10 altos cargos de la Administración de UCD, acusados de supuestas responsabilidades por omisión o negligencia en relación con el envenenamiento masivo por ingestión de aceite dé colza.
La causa tenía hasta ahora el carácter de diligencias previas, pero el juez, a petición de algunos abogados de las acusaciones particulares, la ha elevado a sumario, lo que presupone que el magistrado considera que existen indicios de la existencia de delito.
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