El IVA y la desinformación

EL TEMIDO impuesto sobre el valor añadido (IVA) ha empezado a ser una realidad cotidiana desde el pasado 1 de enero. A nadie se le escapaba que el IVA tendría un precio; el propio Gobierno anticipó que elevaría dos puntos la inflación de este año. No era para menos: el nuevo tributo suprime 24 figuras impositivas anteriores, pero grava con el 6%, el 12% o el 33% a productos que hasta el 31 de diciembre pagaban poco o nada al fisco: por ejemplo, la alimentación. Lo penoso es que los consumidores y hasta los comerciantes tengan que sufrirlo sin saber claramente cuál es dicho precio. Lo inadmisible es que, por falta de información, una reforma fiscal tan importante o más que la del impuesto sobre la renta vaya a tener dos precios: el achacable al IVA y el provocado por la ineficacia de la Administración fiscal encargada de aplicarlo.Los consumidores, sus organizaciones y los medios de información han denunciado hasta la saciedad la confusión y el desconcierto que iban a rodear los primeros pasos del impuesto. Así ha sido. Entretanto, los responsables del fisco se han refugiado en sus despachos, en vez de atajar con diligencia los primeros problemas. Ni una palabra han pronunciado hasta ahora para remediar el despiste general, máxime cuando sabían que más del 90% de los comerciantes ignoraban en noviembre, y la gran mayoría ignora todavía, que ellos no deben cobrar por duplicado el impuesto, pues ya lo pagan a sus proveedores, y han de limitarse a repercutir esa carga en el público.

Por una causa de tan fácil solución -la información-, el fisco, lejos de contribuir a facilitar las cosas, las ha enrarecido. Al haber olvidado a los minoristas, quienes entregan más del 80% de los productos y servicios a los consumidores -en última instancia, los verdaderos paganos del IVA-, Hacienda ha hecho desmerecer la paciente actitud de los contribuyentes. Flaca contrapartida para el comportamiento moderado y razonable que han demostrado los principales sectores económicos, algunos de los cuales apenas han subido por ahora los precios (grandes almacenes, hipermercados, textiles, calzado, libros), aunque tampoco los que deberían bajarlos (espectáculos, electrodomésticos, etcétera) han dado claros pasos al frente. Y sobre todo, mal precedente para la actitud definitiva que deberán tomar los principales sectores económicos en los próximos meses, cuando afronten los costes generales esperados para este año y las bajas de aranceles.

Tiempo y medios no le han faltado al fisco. Más bien los ha derrochado. Hay que recordar que los primeros proyectos de ley del IVA datan de 1978, y que el Gobierno de UCD llegó a tener medio aprobado uno por las Cortes en el verano de 1981. En el pasado año dispuso de todo su aparato. También ha gastado bastantes millones para campañas publicitarias, menos preocupadas en informar que en forjar la idea de que el IVA es un impuesto europeo, cuando cabe precisar que Grecia no lo tiene, por el momento, y que, sin embargo, sí existe en al menos tres decenas de países de otros continentes, algunos de ellos latinoamericanos.

Todo esto no significa un aval sin límites a quienes han insistido machaconamente en que era imprescindible un aplazamiento, sabiendo que las condiciones de adhesión a la CEE obligaban a este paso. Pero sí hay que resaltar que la ineptitud de la Administración ha reforzado tanto los argumentos de aquéllos como las denuncias de que se aproximaba el día D sin la suficiente información. Pocas fuerzas sociales discuten que el IVA es fiscalmente más eficaz, distributivamente más transparente y neutral y económicamente menos dañino para la inversión y el empleo que la maraña de impuestos a los que sustituye. Claro que su racionalidad y sus virtudes son versátiles; las pueden echar por la borda quienes tienen la obligación de explotarlas al máximo. Si no fuera por tantas evidencias, podríamos dudar sobre la existencia de fundados motivos para que no fueran promulgadas hasta el lunes pasado las normas sobre facturas y sobre el régimen simplificado ofrecido a los pequeños y medianos empresarios, que injustificablemente penalizará el empleo, pues tributarán por cada puesto de trabajo, no por lo que vendan.

Pero ni siquiera tales evidencias han frenado la actitud de los responsables de Hacienda. En pleno fragor de la desinformación, han afirmado que durante la campaña preparatoria del IVA han descubierto a medio millón de profesionales y empresarios que les eran desconocidos. Grande habrá sido el asombro de muchos ciudadanos al pensar que desde hace algunos años pagan impuestos para, entre otros fines, financiar una lucha contra el fraude que ha tenido hasta ahora el magro resultado de medio millón de empresarios refugiados en la clandestinidad fiscal. Mayor habrá sido la sorpresa de profesionales y empresarios que a principios del pasado año dieron voluntariamente sus nombres a Hacienda para poder recibir la etiqueta de identificación y liquidarle el IVA de sus clientes, en muchos casos por primera vez, porque antes no cobraban el impuesto sobre el tráfico de empresas.