El ingreso en prisión depende del Tribunal Constitucional, según el abogado

, El ingreso en prisión de los dos parlamentarios de Herri Batasuna está sujeto, en opinión del abogado Txema Montero, al fallo que el Tribunal Constitucional deberá emitir en las próximas semanas en respuesta al recurso de amparo presentado contra una sentencia anterior del Tribunal Supremo, de finales de noviembre de 1983. Esa sentencia condenó a Jon Idígoras, a Iñaki Ruiz de Pinedo y a otros dirigentes de Herri Batasuna a sendas penas de tres meses de arresto mayor como autores de un delito de desórdenes públicos, cometido en la Casa de Juntas de Guernica el 4 de febrero de 1981.La interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional suspendió la ejecución de esa sentencia con anterioridad a la comisión del delito por el que ambos procesados han sido ahora condenados. Si el Tribunal Constitucional deniega el amparo, la sentencia del Supremo podrá ser a partir de entonces ejecutiva contra Jon Idígoras e Iñaki Ruiz de Pinedo. Sólo a partir de ese momento sería posible, según el abogado Montero, el ingreso en prisión, ya que, en ese caso, contarán con antecedentes.

(Jiras fuentes jurídicas señalaron que el hecho de que las manifestaciones por las que ahora han sido condenados Idígoras y Ruiz de Pinedo se produjeran en diciembre de 1983, con posterioridad a la ejecutividad de la condena por los incidentes ante el Rey en la Casa de Juntas de Guernica, permite la suspensión del cumplimiento de la condena. La sentencia señala que ambos procesados carecen de antecedentes penales. Se cumplen, pues, los dos requisitos que el artículo 93 del Código Penal establece como condiciones indispensables para suspender el cumplimiento de las condenas: que el reo haya delinquido por primera vez y que la pena consista en privación de libertad que no exceda de un año.

Montero cree que el Tribunal Constitucional ha perfilado ya su dictamen de respuesta al recurso presentado y anunció su intención de presentar un recurso de amparo contra esta última sentencia para conseguir la suspensión de su ejecución. En tal caso, la suspensión podría ampliarse hasta el fallo del alto tribunal.